El Gobierno nacional ya tiene en marcha una segunda etapa del plan de ajuste fiscal. Esta vez, el eje estará puesto en las provincias, a las que se les exigirá reducir su gasto y revisar impuestos clave como los Ingresos Brutos. La iniciativa es liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien prepara una ofensiva para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
«Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias, para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente», afirmó el funcionario, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Javier Milei. Las reformas que se vienen incluyen una fuerte presión política y técnica para que los gobernadores acompañen el rumbo económico del Ejecutivo nacional.
Una estrategia fiscal con mirada electoral
El trasfondo no es menor: el superávit fiscal que Milei proyecta presentar como bandera tras los comicios necesitará del esfuerzo financiero de las provincias. Gobernadores ya advierten que la estrategia es clara: trasladar el peso del ajuste a los distritos, en un momento sensible del calendario electoral.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) respalda esa visión. Según sus informes, las cuentas de este año muestran una caída de 73,9% real en el gasto de capital en comparación con 2023, lo que implica una parálisis casi total de la inversión pública. Las transferencias a provincias cayeron un 94% interanual, afectando obras clave de infraestructura, viviendas, cloacas y saneamiento.
Un discurso alineado con Milei
Sturzenegger justifica la nueva embestida en nombre de la eficiencia del Estado. Asegura que, gracias al ajuste, el Gobierno redujo 19 impuestos, bajó un 30% el gasto público y eliminó más de 50.000 empleos, con un ahorro estimado en US$ 2.000 millones anuales. Todo eso, dice, fue posible sin comprometer los servicios esenciales, y ahora busca replicarlo en las jurisdicciones provinciales.
Pero el camino no parece sencillo. Gobernadores del oficialismo y la oposición anticipan resistencia, especialmente ante la posibilidad de intervenir en los sistemas tributarios locales. En provincias grandes, los Ingresos Brutos representan más del 70% de la recaudación total. El planteo del Gobierno nacional es reducir ese peso sin compensación inmediata, lo que dejaría a los mandatarios frente a un dilema fiscal.
Un escenario de desgaste para los gobernadores
El paquete de medidas que se prepara podría representar un ajuste sobre el ajuste. El Gobierno nacional busca mantener su ancla fiscal con ayuda externa, y eso incluiría nuevas restricciones sobre los gastos provinciales apenas pasadas las elecciones de octubre.
El informe de ASAP indica que la inversión pública sigue en niveles críticos, a pesar de una leve recuperación entre enero y mayo de este año: un 28,6% más que en igual período de 2024, pero partiendo desde el subsuelo. El gasto de capital aún está lejos del promedio latinoamericano, que ronda el 3,9% del PBI, mientras Argentina se ubica en torno al 2,6%, con un promedio de apenas 1,3% para las provincias.
El impacto real del ajuste: empleo, subsidios y tarifas
Las principales variables de ajuste se concentran en tres ejes: remuneraciones, subsidios y tarifas. El gasto público en salarios cayó 6,9% interanual en mayo, mientras que los subsidios a la energía bajaron un 68,5% y los del transporte un 26,2%, en ambos casos ajustados por inflación. Al mismo tiempo, las tarifas se incrementaron entre 56% y 61% en promedio.
Este combo permitió que la inflación de mayo marcara 1,5%, un número celebrado por el oficialismo como resultado del ajuste fiscal. El dato alimenta el discurso de que el ancla cambiaria ha sido más efectiva que la acumulación de reservas impulsada por sectores cercanos al FMI.
Un ajuste que también se apoya en deuda
Pese al superávit, el Gobierno recurre al endeudamiento para mantener estabilidad. Entre julio y septiembre vencen US$ 6.840 millones de deuda en moneda extranjera, con reservas netas estimadas en US$ 8.800 millones.
Esta realidad impone límites a la política monetaria y pone de manifiesto la necesidad de sostener el ajuste. En ese esquema, el rol de las provincias será determinante: Sturzenegger busca que los gobernadores se alineen con el recorte, aunque eso implique asumir un costo político que el Gobierno nacional intenta esquivar.
