Después de más de 300 días sin avances, el Gobierno nacional decidió tomar el control del Consejo de Mayo, el órgano creado para impulsar las leyes derivadas del Pacto de Mayo. El presidente Javier Milei designó por su cuenta a los representantes del organismo, ante la falta de propuestas por parte de las provincias, el Congreso, los gremios y las cámaras empresarias.
Mediante el Decreto 382/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se busca destrabar un órgano clave para el oficialismo, que fue anunciado con bombos y platillos en julio del año pasado pero nunca llegó a ponerse en marcha. Según el texto firmado por Milei y refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se modifica el artículo 5° del decreto original (617/2024) para permitir que sea el Ejecutivo quien designe a los integrantes en ausencia de propuestas de los sectores involucrados.
El Consejo de Mayo fue pensado como una herramienta institucional para traducir en iniciativas legislativas el contenido del pacto que el Presidente firmó con algunos gobernadores el pasado 9 de Julio en Tucumán. Su misión es promover proyectos de ley alineados con los objetivos del Gobierno: reorganizar el Estado, impulsar una economía abierta y consolidar la estabilidad fiscal. Sin embargo, la falta de nombramientos dejó al Consejo completamente inactivo durante casi un año.
Con el nuevo decreto, el Gobierno busca poner en marcha esa maquinaria. El Consejo estará presidido por Guillermo Francos y lo integrarán: Alfredo Cornejo (por las provincias firmantes y la Ciudad), Carolina Losada (por el Senado), Cristian Ritondo (por Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA, por los gremios), Martín Rappallini (UIPBA, por el sector empresario) y un representante del Ejecutivo nacional cuyo nombre aún no fue oficializado. También se crea una Secretaría Técnica, a cargo de María Cecilia Domínguez Diacoluca, que coordinará los trabajos del cuerpo.
Los integrantes del Consejo de Mayo no cobraran ningún tipo de salario
Una de las particularidades del decreto es que todos los cargos serán ad honorem. Según el texto oficial, esto implica que «no habrá erogación alguna para el Estado Nacional». Para el Gobierno, este detalle no solo refuerza la narrativa del ajuste, sino que busca evitar resistencias internas en medio de un clima político sensible. El objetivo, señalan desde Casa Rosada, es acelerar la elaboración de leyes claves sin seguir esperando a que otros actores designen a sus representantes.
«El objetivo es no dilatar más las tareas encomendadas al Consejo de Mayo y posibilitar la generación de acuerdos intersectoriales que propendan a la reconstrucción económica y social de la República Argentina», argumenta el decreto. La decisión llega en un contexto donde el Ejecutivo necesita mostrar gestión y avances concretos, tras el acto fallido del 25 de Mayo que no logró el apoyo esperado de todos los gobernadores.
Con esta medida, Milei busca recuperar la iniciativa política. El Consejo ya está formalmente activado y el Gobierno espera ahora que cumpla su rol: empujar los cambios estructurales prometidos y ofrecer una plataforma de diálogo para consolidar su programa económico en el Congreso, donde los votos siguen siendo esquivos.
