Todavía arden los escombros de la fábrica de pañales Liberty en Lomas del Mirador, pero lo que realmente inquieta tanto a la Justicia como a la Casa Rosada es el momento en que ocurrió el incendio: apenas horas antes de que la empresa comenzara a formar parte del nuevo esquema de provisión de pañales para los afiliados del PAMI. La hipótesis de un sabotaje comienza a tomar fuerza en los despachos oficiales y hay dos investigaciones en marcha: una judicial y otra administrativa.
El hecho ocurrió el viernes por la madrugada, a las 05.20, en el depósito de Liberty S.A., ubicado en la calle Alvear al 3700. Las llamas consumieron buena parte de los 20.000 metros cuadrados del galpón y provocaron un derrumbe parcial, lo que obligó a evacuar a más de 150 trabajadores y a cortar el suministro de gas en la zona. Seis viviendas vecinas también resultaron afectadas por la caída de medianeras.
En el lugar trabajaron durante más de cinco horas unos 60 bomberos provenientes de distintos distritos del conurbano bonaerense. Uno de ellos debió ser asistido por inhalación de humo, aunque no fue hospitalizado.
La investigación judicial quedó en manos de la Fiscalía N°12 de La Matanza, que ya ordenó peritajes técnicos para determinar el punto de inicio del incendio. Si bien trascendió que podría haberse originado por un cortocircuito en una máquina encoladora, desde el entorno del fiscal Carlos Arribas advirtieron que aún no hay conclusiones firmes: “Eso se determina con los peritos, no con versiones preliminares”.
Sospechas de sabotaje tras el nuevo contrato del PAMI
El caso tomó una dimensión política inesperada cuando el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un mensaje en redes sociales: “El lunes esa empresa empezaba a proveerle al PAMI. Hoy está en los medios porque su empresa fue devorada por un incendio. ¿Casualidad o causalidad?”.
Su mensaje apuntó contra un presunto acuerdo ilegal entre empresas farmacéuticas para impedir la participación de oferentes en la licitación del PAMI. Según reveló el propio ministro, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) habría firmado un documento donde los proveedores se comprometían a no competir y a sancionar con multas a quienes rompieran el pacto. “Nunca vi nada igual en mi carrera. Legal seguro que no es”, afirmó.
A raíz de esto, el Ministerio de Economía activó una investigación a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, ordenó abrir un expediente de oficio para determinar si existió una práctica anticompetitiva.
Según la información oficial, el acuerdo se habría gestado en abril pasado con el objetivo de bloquear la licitación impulsada por el PAMI para contratar un nuevo sistema de entrega domiciliaria de pañales para adultos mayores. Liberty S.A. era una de las proveedoras de la empresa ganadora, Urbano Express.
Licitación exprés y ahorro para el Estado
El proceso licitatorio fue presentado por el Gobierno como una de las reformas estructurales del sistema de compras del PAMI. En palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, se trata de “un cambio de paradigma: ahora se subsidia a la demanda, no a la oferta”. El objetivo es garantizar la trazabilidad y evitar desvíos, como la reventa de pañales en plataformas como Marketplace.
El contrato adjudicado a Urbano Express, la única empresa que se presentó, fue por $466.554 millones. Comprende la provisión, almacenamiento y entrega de los pañales directamente en los domicilios de los afiliados. Liberty iba a comenzar a operar este lunes como proveedora de esos insumos.
El ahorro estimado por el Gobierno es de $5.000 millones anuales. “Hasta ahora se entregaban los pañales en farmacias, con escaso control. Este nuevo sistema nos da transparencia y eficiencia”, explicaron fuentes oficiales.
La maniobra para boicotear el sistema
Desde la CNDC detallaron que la presunta práctica anticompetitiva habría consistido en un convenio firmado entre distintas empresas del rubro para abstenerse de participar en la licitación. La estrategia buscaba, según explicaron, frustrar el nuevo esquema propuesto por el PAMI y mantener el viejo sistema con menos trazabilidad y mayor discrecionalidad.
“El convenio no solo desalentaba la participación, sino que incluía cláusulas punitivas internas. Es un caso inédito que debe ser sancionado con dureza”, aseguró una fuente del Ministerio de Economía.
Para Sturzenegger, la sospecha de sabotaje no es descabellada: “Una empresa decidió romper ese acuerdo ilegal y participar con un precio más bajo. Horas antes de iniciar el servicio, su planta se incendió. Es legítimo preguntarse si fue solo una coincidencia”.
Avanzan dos investigaciones en simultáneo
Mientras la Justicia avanza con peritajes para determinar el origen del fuego, la Secretaría de Comercio activó su propio canal administrativo para desentrañar el entramado de colusión entre empresas.
El Gobierno no descarta que ambos caminos terminen conectándose si se comprueba que el incendio fue intencional. De ser así, se trataría de un caso sin precedentes, con implicancias penales y económicas.
En Casa Rosada siguen con atención cada paso de la causa. La fábrica humea, pero lo que verdaderamente inquieta no es el fuego, sino lo que pueda revelar su origen.
