Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, presentó la acción judicial con el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón, un hábeas corpus. En el escrito, solicitaron que el Gobierno nacional y el Gobierno porteño respeten el derecho a la marcha, a manifestarse. La movilización está prevista para el 18 de junio de 2025, en apoyo a Cristina Kirchner y a los reclamos de jubilados frente al Congreso.
Además, pidieron que ambas administraciones se abstengan de realizar detenciones, requisas o identificaciones arbitrarias durante las protestas.
Advirtieron sobre medidas inconstitucionales
Catalano planteó que el decreto presidencial representa una amenaza actual, inminente y concreta contra los derechos civiles. También cuestionó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, impulsado por la ministra Patricia Bullrich, y lo consideró inconstitucional.
“La normativa habilita detenciones arbitrarias sin orden judicial. Esto contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”, sostuvo el abogado patrocinante.
“Hay una escalada represiva”
La presentación denunció una “escalada represiva” por parte del Gobierno nacional. Atribuyeron esa política a Bullrich y la vincularon con el intento de homicidio que sufrió el dirigente Pablo Grillo, cuyo atacante habría recibido respaldo público.
El escrito citó normativa nacional, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y advertencias de organismos internacionales. Todos esos antecedentes señalan el riesgo del uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social.
Exigieron intervención judicial urgente
Los firmantes reclamaron que la Justicia intervenga de forma urgente para garantizar los derechos de los manifestantes. También formularon reserva del caso federal, al considerar que están en juego garantías constitucionales básicas.La movilización en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner no solo concentrará atención política. También motivó un nuevo capítulo judicial que se anticipa al desarrollo de la protesta.
El pedido de hábeas corpus colectivo se presentó en medio de un clima político y judicial marcado por la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Tras una semana de especulaciones sobre su futuro judicial, el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria, a pedido de su defensa, en el marco de la causa Vialidad.
La ex presidenta cumplirá la condena de seis años en su departamento del barrio de Constitución, donde cientos de militantes mantienen una vigilia desde el martes 10, día en que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia. Según lo ordenado por el juez Jorge Gorini, deberá usar tobillera electrónica durante todo el período de condena.
El contexto judicial refuerza la preocupación expresada en el hábeas corpus, que advierte sobre el avance de medidas que pueden vulnerar derechos fundamentales durante las protestas previstas frente al Congreso.
