El panorama previsional argentino atraviesa una transformación radical que deja a 7 de cada 10 personas sin posibilidades de acceder a una jubilación tradicional. Esta dramática situación surge tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de no renovar la moratoria previsional que durante dos décadas permitieron regularizar períodos laborales no registrados, generando una exclusión masiva del sistema contributivo.
La administración de Milei implementó un cambio de paradigma al exigir únicamente los 30 años de aportes continuos como requisito ineludible para el retiro. Esta medida, que entró en vigor el pasado marzo, representa un quiebre histórico con las políticas de inclusión previsional que caracterizaron los últimos gobiernos, dejando sin alternativas a quienes desarrollaron trayectorias laborales irregulares.
Las cifras oficiales revelan la magnitud del problema: de las 403.066 personas que alcanzaron la edad jubilatoria durante 2025, aproximadamente 241.984 quedaron imposibilitadas de acceder al beneficio por carecer de los aportes suficientes. Esta realidad golpea particularmente a las mujeres, donde la exclusión trepa al 70%, mientras que entre los hombres afecta a uno de cada dos potenciales jubilados.
La informalidad laboral emerge como el factor determinante detrás de esta crisis. Con más de 8 millones de trabajadores que históricamente permanecieron fuera del sistema formal, principalmente por decisiones empresariales antes que por evasión deliberada, el país enfrenta las consecuencias de décadas de precarización del empleo que ahora se traducen en pobreza en la vejez.
El contraste con el período anterior resulta elocuente: durante 2024, el 75% de las 427.505 jubilaciones otorgadas se concretaron a través de algún mecanismo de regularización. Desde 2005, las moratorias habían permitido que 3,8 millones de personas accedieran a una jubilación, incluyendo tanto a quienes nunca aportaron como a trabajadores con décadas de actividad que no lograron completar los requisitos por desempleo tardío.
PUAM: la única alternativa que existe para jubilarse sin los 30 años de aporte
Como válvula de escape, el Gobierno nacional ofrece la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que otorga el 80% del haber mínimo sin exigir aportes previos, alcanzando los $243.779 pesos más el bono extraordinario mensual que hoy es de 70.000 pesos. Sin embargo, esta alternativa no incluye derechos derivados como pensiones por fallecimiento, configurando un sistema de dos velocidades que estratifica a los adultos mayores según su historia laboral.
La tensión política se intensifica mientras la oposición busca revertir estas medidas a través del Congreso, habiendo logrado aprobar en Diputados un proyecto para restituir las moratorias. Milei ya anticipó su veto a cualquier iniciativa que comprometa el equilibrio fiscal, convirtiendo el futuro de cientos de miles de adultos mayores en moneda de cambio del debate sobre el déficit cero y transformando la cuestión previsional en uno de los ejes más candentes del conflicto político nacional.
