El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia por Inundaciones que había sido aprobada por el Congreso para asistir a los damnificados de Bahía Blanca y Coronel Rosales. La norma establecía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para reconstruir la ciudad tras el temporal que dejó graves daños en marzo pasado.
El Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La decisión rechaza todos los artículos de la ley sancionada el 4 de junio por el Congreso, al considerar que su contenido ya está contemplado en medidas previas del Ejecutivo y que carece de previsión presupuestaria.
La justificación de Javier Milei para vetar la ley del Congreso
«La finalidad de auxilio financiero ya ha sido atendida a través del dictado del Decreto N° 238/25», argumenta el texto oficial. Ese decreto, según detalla el Gobierno, creó un programa de subsidios a través del «Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)» gestionado por el Ministerio de Seguridad, que ya benefició a más de 32.000 damnificados.
El Poder Ejecutivo también justificó el veto al señalar que la ley no establecía de dónde saldrían los fondos, algo exigido por la Ley de Administración Financiera. «No cuenta con previsión presupuestaria ni con una indicación de los recursos que deberían utilizarse para su financiamiento«, sostiene el decreto, y agrega que su implementación afectaría los «objetivos de política económica» del Gobierno.
Entre otros puntos, la ley vetada proponía suspender ejecuciones hipotecarias y bancarias por seis meses, coordinar con la provincia de Buenos Aires la exención de impuestos, e implementar créditos blandos a través del Banco Nación. También contemplaba usar mano de obra local para las obras de infraestructura y exigía controles periódicos del Congreso sobre la ejecución de los fondos.
El Gobierno aclaró que el 85% de los inscriptos en el S.U.R. ya recibió el pago y que el programa es financiado parcialmente con un préstamo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a emergencias climáticas. Además, remarcó que la incorporación de Coronel Rosales, incluida en la ley, no fue avalada por informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional.
