La expresidenta Cristina Kirchner enfrenta horas decisivas en su carrera política. El reloj corre y su futuro judicial depende de una definición clave de la Corte Suprema de Justicia. Con dos votos prácticamente asegurados a favor de confirmar la condena en la causa Vialidad, la decisión final recae ahora en el juez Carlos Rosenkrantz, el tercero en funciones dentro de un tribunal que hoy opera con tres miembros sobre cinco posibles.
Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti ya habrían acordado rechazar el recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria. Ambos consideran que la sentencia de seis años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2, y confirmada por la Cámara de Casación, debe quedar firme. La herramienta procesal para cerrar el caso de forma inmediata sería la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos sin mayores fundamentos cuando carecen de “trascendencia”.
Sin embargo, el juez Rosenkrantz aún duda. Aunque también considera que la dos veces Presidenta debe ser condenada, evalúa si la Corte debe tomar una decisión rápida o abrir el caso a estudio profundo, como sugiere el procurador general Eduardo Casal, quien sostiene que la expresidenta debería haber recibido 12 años de prisión por liderar una asociación ilícita.
Una decisión que podría llegar en días o demorar años
Bajo ese marco, el debate interno en la Corte gira en torno al modo y el tiempo de la definición. Si Rosenkrantz acompaña a sus colegas, la condena podría confirmarse en cuestión de días, incluso el próximo martes. Pero si sostiene su posición y pide tratar el expediente en profundidad, el fallo podría postergarse hasta 2026.
Este escenario judicial se desarrolla en paralelo a los movimientos políticos de la titular del PJ. Hace dos semanas, se inscribió como precandidata a diputada por la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Lo hizo para intentar asegurarse fueros de forma anticipada, ya que el cierre de listas provinciales ocurre en julio, mientras que el de diputados nacionales es recién en agosto.
Sin embargo, si la Corte ratifica la condena antes de que su candidatura quede oficializada, podría quedar inhabilitada para competir. La pena incluye no solo la prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese contexto, algunos jueces interpretan que esa inhabilitación tendría validez nacional, por lo que no podría ser candidata ni en el orden nacional ni en el provincial, pese a los intentos de su entorno de instalar la idea de una “ventana legal” en la normativa bonaerense.
Una definición con impacto político inmediato
La Corte Suprema no quiere ser vista como un actor que dilata definiciones judiciales en función del calendario político. En ese sentido, los magistrados evalúan que resolver ahora el expediente evitaría suspicacias y limitaría los intentos del oficialismo de utilizar a Cristina como figura central de polarización en la campaña. Para el Gobierno nacional, su presencia favorece el discurso binario que opone a Javier Milei con el “kirchnerismo”.
El antecedente de otros casos, como el de Milagro Sala, donde la Corte aplicó el artículo 280 para rechazar recursos y dejar firmes las condenas, fortalece la postura de Rosatti y Lorenzetti. Por esa razón, cada vez gana más fuerza la posibilidad de que el máximo tribunal confirme la sentencia en los próximos días, marcando así un antes y un después en la historia judicial y política reciente de la Argentina.
