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POLÍTICA

La embajada de Rusia en Argentina negó que exista una red de espionaje: «Intento de perjudicar las relaciones»

Desde la entidad rusa negaron las afirmaciones del portavoz presidencial en la conferencia de prensa del miércoles a la mañana.

Rusia

Desde la embajada de Rusia en Argentina negaron la afirmación del vocero presidencial, Manuel Adorni, acerca de una red de espías rusos que viven en el país y que envían información hacia el entorno de Vladímir Putin. El dirigente libertario sostuvo que estas personas se encargaban de operaciones de desinformación orientadas a influir sobre la opinión pública local.

«Hemos prestado la atención a la declaración del vocero de la Presidencia de la Nación Argentina, Manuel Adorni, el 18 de junio sobre el descubrimiento de un ‘grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia’ presuntamente liderado por tales Lev Andriashvili e Irina Yakovenko. Las personas mencionadas no están registradas en la sección consular de la Embajada. Hemos enviado una Nota Verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal», señalaron.

En este mismo sentido, el organismo de Rusia indicó que «lamentablemente esta no es la primera oleada de una manía de espionaje relacionada con los intentos de los adversarios de nuestro país de perjudicar las relaciones ruso-argentinas«, completaron en el comunicado emitido en sus redes sociales en horas de la tarde del miércoles.

¿Qué dijo Manuel Adorni?

Según explicaron fuentes oficiales, la organización de espionaje que responde al Gobierno de Rusia, conocida como «La Compañía«, tenía como finalidad construir una red de colaboradores leales a los intereses del gobierno ruso. El objetivo: instalar mensajes, alterar la narrativa local sobre temas sensibles y generar inestabilidad institucional.

Al frente de la estructura identificaron a Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso con domicilio en Buenos Aires, acompañado por su esposa, Irina Iakovenko. Ambos habrían recibido financiamiento para establecer vínculos con referentes sociales, organizar actividades encubiertas y replicar campañas informativas en redes y fundaciones civiles. La SIDE cree que se trataba de un modelo calcado de operaciones ya detectadas en Europa del Este y Estados Unidos.

Entre las acciones que se investigan figuran la producción de contenido orientado a redes sociales, la organización de focus groups y la manipulación indirecta de ONGs locales. También se habría intentado acceder a datos de valor político mediante encuestas o sondeos disfrazados de trabajo académico.