El miércoles próximo, la Cámara de Diputados debatirá proyectos que ponen en tensión el equilibrio fiscal que logró establecer el Gobierno. Se trata de iniciativas sensibles, que apuntan a sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad, y también a las universidades públicas. Sin embargo, el costo económico de su implementación resulta inaceptable para la administración de Javier Milei, que ya analiza la posibilidad de vetarlas.
Los proyectos en cuestión incluyen una nueva suba de las jubilaciones, un incremento del bono previsional, la prórroga de la moratoria, la declaración de emergencia en discapacidad y una actualización del presupuesto universitario. Todos con un denominador común: un fuerte impacto sobre las finanzas públicas que el Gobierno no está dispuesto a convalidar.
Pulseo con antecedentes
No es la primera vez que el Congreso actúa en bloque contra el equilibrio fiscal. En 2023, Milei debió vetar dos leyes votadas por una mayoría circunstancial: una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y un aumento del presupuesto universitario. En aquella oportunidad, el Presidente no sólo evitó ceder, sino que tampoco pagó un costo político.
Con un PRO alineado, gobernadores atentos a la caja y un radicalismo fracturado, el oficialismo logró resistir. Sin embargo, ahora el escenario podría ser más desafiante, según reconocen en la Casa Rosada.
Qué se vota esta semana
La sesión del miércoles será clave. La oposición impulsará proyectos que contemplan:
- Extensión de la moratoria previsional por dos años.
- Régimen proporcional para quienes no cumplen los 30 años de aportes.
- Aumento general del 7,2% en las jubilaciones.
- Incremento del bono previsional, que pasaría de $70.000 a más de $100.000.
La mayoría de estas propuestas cuentan con apoyo transversal, excepto la moratoria, que sólo es respaldada por Unión por la Patria y la Izquierda. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de estos cambios implicaría un costo superior al 1,3% del PBI.
Martín Menem, presidente de Diputados y una de las espadas legislativas de La Libertad Avanza, fue categórico: «Proponen leyes con un costo de más de 12.000 millones de dólares. Se escudan en causas nobles para volver al déficit fiscal».
Emergencia en discapacidad y presión universitaria
Otro de los puntos que se votarán es la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2027. El dictamen contempla una recomposición automática de aranceles, ajustes por inflación y actualización de pensiones no contributivas.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un proyecto para elevar el presupuesto universitario hasta el 1,5% del PBI en 2031. Se comenzaría con el 1% en 2026. La oposición buscará emplazar al libertario José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, para que trate el tema antes de llevarlo al recinto el 18 de junio.
La estrategia del Gobierno
En Balcarce 50 tienen clara la hoja de ruta: cuidar el superávit fiscal, evitar retrocesos y ejercer el veto si es necesario. Así lo hizo Milei en 2023 y así lo volvería a hacer. La diferencia está en que hoy el Gobierno muestra resultados: inflación a la baja, dólar estable y reactivación progresiva.
«No vamos a rifar el orden que tanto costó conseguir», señalan desde el entorno presidencial. Además, recuerdan que, aunque la oposición sume votos para aprobar, revertir un veto requiere los dos tercios de ambas cámaras, algo que todavía no tienen.
El factor electoral y el quiebre opositor
Desde el oficialismo advierten que el contexto electoral complica a la oposición. Muchos legisladores están en plena campaña y no quieren quedar como responsables de boicotear ayudas sociales. Sin embargo, si acompañan estas leyes, chocan con los compromisos de sus provincias y exponen el presupuesto nacional a un desborde.
«Los cordobeses ya fueron insultados por no dar quórum para las jubilaciones. Esa presión existe», señaló un legislador del bloque dialoguista. A eso se suma la tensión interna en Juntos por el Cambio, las heridas en el radicalismo y los conflictos con algunos gobernadores.
El caso de Gustavo Sáenz en Salta —que perdió la capital a manos de un libertario— es apenas una muestra de que la política tradicional empieza a crujir. En el oficialismo creen que muchos de los que acompañaron a Milei el año pasado podrían ahora correrse o directamente no jugar.
Milei, firme en su doctrina: déficit cero o veto
La Casa Rosada ya hizo saber que no va a ceder ante lo que considera una “trampa fiscal”. Las medidas propuestas por la oposición, aunque revestidas de buena intención, ponen en jaque el rumbo económico y podrían devolver al país al terreno del déficit estructural.
Con la estabilidad fiscal como bandera, Milei está dispuesto a recurrir al veto nuevamente. Esta vez, no será sólo una pulseada parlamentaria: será también una prueba de fuego para quienes dicen acompañar el orden, pero dudan a la hora de sostenerlo.
