En un contexto de máxima tensión regional e interna, el Gobierno nacional reveló que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) identificó a un grupo de ciudadanos rusos residentes en Argentina, acusados de participar en operaciones de desinformación orientadas a influir sobre la opinión pública local. La denuncia, que involucra también a ciudadanos argentinos, apunta a una estructura organizada con respaldo financiero externo y conexión directa con los intereses geopolíticos del Kremlin.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien lo comunicó este miércoles desde Casa Rosada. En su primera aparición tras el regreso de Javier Milei al país, confirmó que la SIDE desmanteló una red operativa vinculada al Proyecto Lakhta, una iniciativa de inteligencia estratégica creada por el oligarca Yevgeny Prigozhin —jefe del Grupo Wagner, fallecido en 2023—.
Una estructura de infiltración con fachada civil
Según explicaron fuentes oficiales, la organización, conocida como «La Compañía», tenía como finalidad construir una red de colaboradores leales a los intereses del gobierno ruso. El objetivo: instalar mensajes, alterar la narrativa local sobre temas sensibles y generar inestabilidad institucional.
Al frente de la estructura identificaron a Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso con domicilio en Buenos Aires, acompañado por su esposa, Irina Iakovenko. Ambos habrían recibido financiamiento para establecer vínculos con referentes sociales, organizar actividades encubiertas y replicar campañas informativas en redes y fundaciones civiles. La SIDE cree que se trataba de un modelo calcado de operaciones ya detectadas en Europa del Este y Estados Unidos.
Entre las acciones que se investigan figuran la producción de contenido orientado a redes sociales, la organización de focus groups y la manipulación indirecta de ONGs locales. También se habría intentado acceder a datos de valor político mediante encuestas o sondeos disfrazados de trabajo académico.
Preocupación oficial: una amenaza a la soberanía
“La Argentina no será sometida a la influencia de ninguna otra nación”, sentenció Adorni, quien también recordó que estos avances de inteligencia se producen luego de las reformas anunciadas por el Gobierno en la estructura de la Policía Federal. La creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI) responde, según dijo, a la necesidad de proteger al país frente a amenazas complejas como estas.
El DFI funcionará como una unidad especializada dentro de la Policía Federal, con agentes formados en investigación criminal, delitos complejos y amenazas híbridas. Contará con perfiles multidisciplinarios —desde psicólogos hasta analistas informáticos— y se nutrirá de estándares internacionales, tomando como referencia el modelo del FBI estadounidense.
Desde el Ejecutivo aseguraron que la prioridad es la defensa de la soberanía y que no se permitirán operaciones encubiertas en suelo argentino bajo ninguna justificación. “La seguridad nacional vuelve a estar en el centro de las decisiones del Estado”, enfatizó una fuente de alto nivel.
El antecedente de los Dultsev y el rol del kirchnerismo
El caso reavivó una preocupación latente desde 2023, cuando salió a la luz la historia de Artiom Dultsev y Anna Dultseva, dos espías rusos que residieron durante años en Buenos Aires bajo identidades falsas. La pareja tuvo hijos en Argentina, accedió a beneficios migratorios, y fue arrestada en Eslovenia antes de ser intercambiada por prisioneros políticos. Vladimir Putin los recibió y felicitó en persona. El saludo en español del mandatario a sus hijos fue interpretado como una provocación.
La facilidad con la que esa red operó en territorio argentino se explica, en parte, por el acuerdo de exención de visados firmado en 2009 durante la gestión de Cristina Kirchner, que aún sigue vigente. Ese convenio permitió el ingreso sin visa de miles de ciudadanos rusos al país, especialmente luego del inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Aunque muchos escapaban del conflicto, otros llegaron con otros fines.
Según los informes, desde ese año aumentó significativamente la migración rusa a la Argentina, en muchos casos con perfiles incompatibles con simples exilios. Esa oleada generó alertas en la SIDE y en agencias de inteligencia aliadas, que ven en el país un blanco fácil para infiltraciones bajo cobertura civil, aprovechando vacíos migratorios y un entorno institucional aún permeable.
Una política de Estado frente a amenazas híbridas
Con la SIDE reactivada y el nuevo DFI en marcha, el Gobierno busca enviar un mensaje claro: la seguridad nacional no será más una zona gris. La denuncia pública contra estos ciudadanos rusos representa un quiebre con la inercia de años anteriores, donde temas de inteligencia o amenazas externas se trataban con cautela o directamente ignorados.
“Ya no se trata solo de espías clásicos. El campo de batalla es la información, y si no se controla, termina destruyendo instituciones desde adentro”, explicó una fuente ligada al área de Defensa. Para el Gobierno, el riesgo no es simbólico: el país necesita blindarse ante operaciones que, sin disparar una sola bala, puedan condicionar decisiones internas desde el exterior.
