La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló un informe lapidario sobre el PAMI durante el año 2023, en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y bajo la conducción de Luana Volnovich, dirigente de La Cámpora. El documento apunta a una cadena de irregularidades administrativas, sanitarias y contables que provocaron un perjuicio económico superior a los $16.000 millones.
El reporte —identificado como IF-2025-56072376-APN-GCSS#SIGEN— expone fallas estructurales en el sistema de afiliaciones, contrataciones médicas y pagos sin respaldo documental, sumado a un estado crítico en la atención de salud mental. En contraste, la nueva gestión de Javier Milei, encabezada por el médico Esteban Leguizamón, inició un proceso de reestructuración que ya implicó denuncias, reformas operativas y recorte de privilegios heredados.
Un sistema descontrolado
El PAMI, con más de 5 millones de afiliados y un presupuesto superior a los 5 billones de pesos, fue objeto de un control interno exhaustivo. Según la SIGEN, el sistema contable operaba con mecanismos obsoletos y sin respaldo: se pagaban prestaciones con “Facturas Únicas” internas, sin la correspondiente factura electrónica, lo que anulaba todo control externo. A esto se suma la validación automática de pagos sin revisión, la acumulación de expedientes sin archivar y una auditoría prácticamente ausente.
El perjuicio económico asciende a $16.000 millones por pagos sin documentación, anticipos sin control, recuperos no ejecutados y contratos irregulares. Solo entre 2019 y 2022, se recuperaron apenas $779 millones sobre una deuda que supera los $2.400 millones. Para la SIGEN, el sistema era “débil” y sin garantías mínimas de transparencia.
Salud mental: abandono y desidia
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental. La SIGEN denunció que el Programa 9700 carecía de planificación, cronograma, metas y criterios de control. En muchos casos, los contratos estaban vencidos, sin prórroga ni acreditación legal. Las auditorías constataron “desvíos graves” en infraestructura, personal, historias clínicas y controles de calidad.
La obra social carecía de un mecanismo efectivo de asignación de cápitas, lo que provocaba desigualdad y arbitrariedad en las prestaciones. Además, se verificaron sobrefacturaciones y estrategias de selección de pacientes que vulneraban el derecho básico a la atención.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, lo resumió con crudeza: «La salud mental no tiene atención. Es una crisis humanitaria silenciada». Semino denunció demoras de hasta tres meses para turnos y una escasez dramática de camas psiquiátricas.
Denuncias y reforma: el giro bajo la gestión Milei
Ante este escenario, el gobierno libertario inició una reforma estructural del Instituto. El vocero presidencial Manuel Adorni y el propio Leguizamón detallaron varias medidas para revertir las prácticas heredadas.
Una de ellas es la modificación del sistema de recetas electrónicas. Ahora, los médicos necesitan un token que el afiliado debe proveer para emitir prescripciones. Esto impide la emisión fraudulenta de recetas, un mecanismo usado para revender medicamentos a través de mafias organizadas. «Había médicos que operaban desde múltiples UGLs, vendían sus usuarios y robaban datos de afiliados», denunció Adorni.
También se centralizó el sistema de compras de insumos médicos. Antes, cada efector realizaba compras descentralizadas, lo que facilitaba la corrupción. Con la nueva modalidad, todo se gestiona desde PAMI Central, lo que reduce costos y permite licitaciones transparentes.
El fin del “negocio de los pañales”
Uno de los ejemplos más contundentes de la transformación impulsada por La Libertad Avanza es el caso de los “Higiénicos Absorbentes Descartables”. Durante años, un grupo de proveedores controló el mercado con sobreprecios, privilegios y falta de controles. El gobierno actual desactivó ese esquema.
Desde junio, los pañales se compran por licitación pública, se entregan directamente en el domicilio del afiliado y se controla la trazabilidad del producto. «Es la primera vez en diez años que se revisa la calidad y se hace una prueba médica», aseguró Adorni. La medida permitirá un ahorro de $5.000 millones anuales.
La empresa Correo Urbano se encarga de la entrega sin costo, y en caso de no encontrar al beneficiario, realiza una segunda visita en 72 horas.
El caso del Hospital Español y más irregularidades
Otro hecho grave detectado por SIGEN involucra al Hospital Español. El PAMI otorgó $13.400 millones sin garantías, superando ampliamente las prestaciones brindadas. Además, ofertó U$S 22 millones por el inmueble, pero no cumplió con los plazos judiciales. El juez suspendió la adjudicación.
También se registraron afiliaciones sin CUIL ni constancia previsional, uso irregular de permisos administrativos, baja por fallecimientos mal registradas, y contratos con prestadores que omitían datos básicos como lugar de atención y cupos.
Según la SIGEN, el régimen de sanciones a prestadores incumplidores está desactualizado desde 2019 y no se aplica.
