Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria que le otorgaron a la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad. La dirigente, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se encuentra en su domicilio de San José 1111, en el bario porteño de Constitución, cumpliendo con la pena dictada por el Tribunal Oral Federal 2, a raíz de su edad, condición social y riesgo para ir a una cárcel común.
Frente a esto, los fiscales afirmaron que «jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario«. Todo esto es teniendo en cuenta que «los jueces contaron, antes de resolver, con una gama de posibilidades viables para cumplir esa regla –tal como consta en la información reservada que el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a ese estrado el 11/6/2025–».
En este plano, los fiscales afirmaron que hay un «trato desigual ante la ley» en favor de Cristina Kirchner que obtuvo «un privilegio» con la prisión domiciliaria: «Este Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto», agregaron.
Los argumentos de los fiscales
Dentro de lo señalado por Mola y Luciani, recuerdan que el Ministerio de Seguridad, de quien dependen el SPF, había informado que estaban dadas las condiciones de seguridad para alojar en alguna de sus dependencias a Cristina Kirchner. «No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria», remarcaron.
La privación de la libertad en un establecimiento carcelario, añadieron los fiscales, «no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández», explicaron los fiscales para quitarle peso a los argumentos del abogado defensor, Carlos Beraldi, que sostuvo que por su condición de expresidenta y de persona que intentaron asesinar, corría riesgo su vida en una cárcel común.
En este plano, los fiscales de la Causa Vialidad reafirmaron que quedó «demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano, indigno o cruel para Cristina Fernández. En razón de ello, concluimos que la sola circunstancia de su edad no habilitaba la morigeración de la modalidad del cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia de condena«, completaron, según Clarin.
