Luis Petri, ministro de Defensa, confirmó el cierre de COVIARA, la empresa constructora de la Armada, durante su presentación en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Fue el primer funcionario del gabinete en asistir al Congreso en lo que va del año, aparte del jefe de ministros Guillermo Francos. En su intervención, defendió las reformas impulsadas en el Servicio Militar Voluntario y respondió a cuestionamientos por la crisis en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y la situación financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Petri aseguró que el Ministerio de Defensa no continuará con el rol de constructor.
Cierre de COVIARA y críticas a su funcionamiento
“Nuestra intención es cerrar definitivamente COVIARA y generar planes de vivienda para las Fuerzas”, expresó Luis Petri. Según explicó, la empresa estatal no cumplió su objetivo y enfrenta “problemas de opacidad”. Detalló que mantiene una deuda de 250 millones de pesos y acusó que gran parte del presupuesto se destina a pagar “estructuras administrativas sobredimensionadas”.
“La función del Ministerio no es construir viviendas. Para eso están otros organismos”, remarcó. A modo de contrapunto, informó que se duplicaron los créditos hipotecarios para personal militar. El anuncio llega en un contexto de tensión por la distribución interna de propiedades vinculadas a COVIARA, lo que ha generado fricciones dentro del propio oficialismo.
En cuanto a las modificaciones en el Servicio Militar Voluntario, Petri subrayó que se extendió la instrucción de ocho a doce semanas y se estableció como obligatoria la finalización del nivel secundario. “Buscamos mejorar la formación militar y generar igualdad de condiciones educativas”, afirmó.
Reclamos por IOSFA y FAdeA en medio de la crisis presupuestaria
Durante la exposición, legisladores de la oposición expresaron preocupación por la situación de IOSFA, que arrastra una deuda superior a los $115.000 millones y atraviesa renuncias masivas de directivos. Petri evitó profundizar sobre cambios en su conducción, aunque ratificó que Roberto Fiochi sigue al frente del organismo.
En relación con FAdeA, ubicada en Córdoba, los gremios denunciaron un procedimiento de crisis que podría derivar en la suspensión de trabajadores a partir de junio. La empresa estatal propuso pagar el 50% del salario neto durante seis meses, mientras se evalúa su posible privatización. El ministro no ofreció precisiones sobre este tema, aunque reconoció el impacto del recorte presupuestario en distintas áreas del Ministerio.
Petri también defendió el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior sin necesidad de declarar el estado de sitio. Según explicó, la medida busca intensificar la vigilancia en las fronteras bajo un nuevo enfoque estratégico. “Pasamos de una lógica ideologizada a una mirada de defensa nacional realista”, concluyó. Esta línea de acción, sostuvo, responde a los lineamientos establecidos por Javier Milei para modernizar y revalorizar el rol de las fuerzas en el marco de la política de seguridad del Gobierno.
