Cuatro fondos de inversión internacionales acaban de presentar una nueva demanda contra la Argentina ante la Justicia de Estados Unidos, con la intención de cobrar más de US$ 1.700 millones por títulos ligados al Producto Bruto Interno (PBI) emitidos entre 2005 y 2010, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia fue formalizada en la Corte del distrito de Columbia, en Washington, donde los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited solicitaron el «reconocimiento y ejecución de una sentencia firme» emitida previamente por la Justicia del Reino Unido.
El conflicto tiene raíz en los famosos «cupones PBI», instrumentos de deuda que pagaban intereses extra si el crecimiento de la economía superaba un determinado umbral. Según los demandantes, la Argentina manipuló los datos del INDEC durante los años en cuestión para evitar esos pagos millonarios, en lo que consideran un fraude deliberado.
“Argentina admitió que más de 1.500 millones de euros de la sentencia de Inglaterra siguen pendientes e impagos”, denunciaron en el escrito judicial.
El INDEC, Moreno y un fantasma del pasado que vuelve
El núcleo de la disputa gira en torno a las estadísticas oficiales. Durante los años investigados, el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue señalado como el ejecutor de la intervención del INDEC, lo que permitió mostrar un crecimiento económico menor al real y, con ello, eludir pagos por los cupones ligados al PBI.
Aunque el Gobierno argentino presentó apelaciones ante el Tribunal Supremo de Londres, incluso con una garantía de US$ 360 millones para acceder a esa instancia, el fallo fue adverso. De hecho, ese dinero ya fue cobrado por los demandantes, lo que ahora deja al Estado argentino en posición vulnerable para enfrentar el nuevo reclamo en suelo norteamericano.
El FMI lo reconoció como deuda: la presión crece
El conflicto judicial aparece también reflejado en el reciente acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. En ese documento, el país reconoce mantener deudas por unos US$ 4.000 millones con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda, cifra que incluye los reclamos por los cupones PBI.
El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, que monitorea los litigios de deuda argentinos, remarcó la novedad:
“Por primera vez el acuerdo con el FMI reclasificó las contingencias legales como deuda, lo que demuestra la gravedad del caso y su impacto potencial en las cuentas públicas”.
Mientras el Gobierno de Javier Milei intenta encaminar la economía local con fuertes recortes fiscales y un ambicioso plan de reformas, estas herencias judiciales del pasado vuelven a poner presión sobre las reservas, el riesgo país y la credibilidad financiera de la Argentina en el exterior.
