La Corte Suprema de Justicia ratificó este martes la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad. En ese marco, el máximo tribunal también envió la notificación a la Cámara Nacional Electoral para la inhabilitación perpetua de Cristina a ocupar cargos públicos.
El juez Jorge Gorini, responsable de ejecutar la condena por corrupción que desde este martes es de efectivo cumplimiento, envió un oficial al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Daniel Bejas, para notificarle formalmente sobre el efecto inmediato de la sentencia. La comunicación oficial establece que Cristina queda imposibilitada de manera definitiva para presentarse como candidata en cualquier elección futura, aplicándose lo que se conoce como «inhabilitación especial perpetua».
La sentencia contra la expresidenta de la Nación también incluye el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos. La resolución del máximo tribunal argentino se basó en el rechazo unánime del recurso de queja presentado por la defensa de la dirigente peronista, dejando sin efecto sus últimas instancias de apelación.
La inhabilitación perpetua se fundamenta en el artículo 20 bis del Código Penal argentino, que establece las consecuencias jurídicas para funcionarios condenados por actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones públicas.
La decisión judicial generó inmediatas reacciones políticas y sociales. Sectores gremiales amenazaron con medidas de fuerza en rechazo al fallo, mientras que simpatizantes de la líder del PJ nacional se concentraron en los alrededores de su domicilio en Recoleta. Hubo cortes en algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires como Acceso Oeste, Autopista Ricchieri y Panamericana.
La candidatura a la tercera sección electoral que planeaba Cristina quedará trunca
El impacto de esta resolución trasciende lo judicial para instalarse en el centro del debate político nacional. Cristina había anunciado recientemente su intención de ser candidata en las elecciones de 2025 en la provincia de Buenos Aires, aspiración que queda definitivamente truncada con esta sentencia. La inhabilitación perpetua modifica sustancialmente el mapa electoral argentino y reorganiza las fuerzas políticas de cara a los próximos comicios.
La Justicia ordenó que la exvicepresidenta de la Nación se presente en los tribunales de Comodoro Py dentro de cinco días hábiles para quedar detenida, aunque se espera que la medida se cumpla bajo prisión domiciliaria dada su condición de expresidenta y su edad. Este fallo marca un precedente histórico en la Argentina al confirmar la condena de una expresidenta por corrupción, cerrando un capítulo judicial que se extendió por varios años y que ahora tendrá profundas consecuencias en el futuro político del país.
