La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el procedimiento que culminó con la detención de Juan Grabois durante la toma del Instituto Perón. En una entrevista, aseguró que el dirigente social fue arrestado por delito en curso, o en flagrancia, mientras usurpaba un edificio público y retenía indebidamente a cuatro policías. También negó que se haya violado algún procedimiento judicial.
«No se necesita una orden si hay delito flagrante»
Según Bullrich, el operativo se realizó dentro del marco legal. “Una orden judicial es para un allanamiento, no para detener a alguien que comete un delito en el acto”, explicó. Afirmó que la Policía Federal intervino tras constatar que los agentes estaban privados de su libertad. “¿Qué debe hacer una fuerza de seguridad? ¿Aceptar una usurpación o actuar?”, planteó la ministra.
Bullrich añadió que el procedimiento fue comunicado de inmediato al juez Sebastián Ramos, quien avaló el accionar. “Esto es como ver a un delincuente y preguntarle al juez si se lo puede detener. No funciona así”, remarcó. Reiteró que fue un caso de flagrancia y que la intervención fue “perfecta”.
Cruces políticos y acusaciones cruzadas
El caso desató reacciones dentro de la política. El senador Martín Lousteau se solidarizó con Grabois, algo que Bullrich no dejó pasar. “Volvió a sus orígenes kirchneristas”, dijo, en tono crítico. La frase apuntó a los antecedentes políticos de Lousteau, quien en el pasado tuvo cercanía con el kirchnerismo.
Grabois, en tanto, denunció que la orden de detención fue política y que tanto el presidente Javier Milei como Bullrich la impulsaron. La ministra rechazó la acusación y aseguró que fue una respuesta ante una situación en desarrollo. “Estaba cometiendo un delito. No necesitábamos permiso para actuar”, afirmó.
El rol del Poder Judicial en la detención de Grabois
Patricia Bullrich destacó que la Policía hizo la denuncia ante el juez Ramos, quien avaló lo actuado. Insistió en que no hubo abuso ni irregularidad. “El procedimiento fue perfecto”, repitió. Para la ministra, los argumentos del dirigente social buscan desviar el eje del hecho central: la usurpación y la retención de funcionarios.
Tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales
El episodio profundizó la tensión entre el gobierno y los movimientos sociales. Mientras Patricia Bullrich asegura que no permitirá “usurpaciones disfrazadas de protesta”, desde sectores afines a Grabois acusan al Ejecutivo de persecución. La ministra insiste en que no se trató de una cuestión política, sino de hacer cumplir la ley.En el cierre, volvió a remarcar que el dirigente fue detenido por un hecho concreto. “No es un preso político. Es alguien que estaba usurpando, reteniendo policías y violando la ley”, dijo. El caso Grabois seguirá generando repercusiones en el escenario político argentino.
