La Justicia de la provincia de Buenos Aires avanza en una causa por violencia de género contra el diputado provincial Ricardo Lissalde (UxP), exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández y dirigente cercano al massismo. Un fiscal penal solicitó su desafuero para poder indagarlo formalmente, luego de imputarlo por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”.
El hecho investigado ocurrió el 8 de febrero en Saladillo, donde reside tanto el legislador como su ex pareja, identificada con las iniciales V.F. Según el expediente, la agresión tuvo lugar dentro de una camioneta 4×4, durante una discusión. La denuncia, radicada por la víctima, incluye informes médicos, registros fotográficos de lesiones y el testimonio de una hija de la mujer, quien refirió antecedentes de violencia en la pareja.
Pedido de desafuero y posibles medidas de coerción
La instrucción está a cargo del fiscal Roberto Javier Berlingieri, de la UFI 1 de Cañuelas, y el pedido fue remitido a la jueza de Garantías de Saladillo, Patricia Altamiranda. La magistrada deberá realizar un control de legalidad y, si encuentra cumplidos los requisitos formales, elevar la solicitud a la Cámara de Diputados bonaerense para su tratamiento.
Berlingieri afirmó contar con “semiplena prueba” para avanzar con la imputación. Entre los elementos reunidos figuran estudios médicos, testimonios de la denunciante, declaraciones de testigos y fotografías de lesiones en el rostro. Según el expediente, V.F. relató que había sufrido episodios de violencia física y verbal en varias oportunidades durante la relación. Aunque solo denunció formalmente una vez por temor al impacto que esto pudiera tener en su hija.
El fiscal también solicitó que las actuaciones sean remitidas al Consejo de la Magistratura bonaerense, ya que Lissalde es vocal en ese órgano, responsable de examinar y seleccionar jueces y fiscales en la Provincia. Además, dejó constancia de que si bien se trata de un delito de acción privada, existe un “interés público” que habilita la intervención del Estado. Por supuesto, conforme a los tratados internacionales suscritos por la Argentina para erradicar la violencia de género.
La respuesta de Lissalde: “No me voy a amparar en ningún fuero”
Consultado por la prensa, el diputado negó las acusaciones y aseguró que se trata de un intento de extorsión por parte de su ex pareja. “Por supuesto no me voy a amparar en ningún fuero, porque soy inocente, no los necesito. De ser necesario, voy a renunciar a mis fueros para estar, tal como lo estoy, a total derecho”, afirmó.
También dijo no estar al tanto del pedido de desafuero, algo que desde el ámbito judicial explicaron como habitual, ya que no es obligatorio notificar a las partes en esta etapa. No obstante, Berlingieri dejó en claro que su intención es llamar a indagatoria a Lissalde y eventualmente pedir medidas de coerción. Algo que hoy no puede hacer debido a los fueros parlamentarios del legislador.
Antecedentes y vínculos políticos
Lissalde estuvo vinculado al Frente Renovador y ocupó cargos clave durante la presidencia de Fernández. Fue funcionario en Trenes Argentinos Infraestructura y luego titular de Aubasa. Se trata de la empresa estatal que administra la autopista La Plata–Buenos Aires y la Autovía 2.
Durante su paso por Aubasa, Lissalde fue denunciado por exempleadas que señalaron haber sido despedidas tras acusarlo de maltratos o situaciones de abuso laboral. La empresa contaba con un área específica para atender situaciones de género, pero las denunciantes sostienen que no fueron protegidas por la compañía.
