Un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado este martes establece que la Policía Federal podrá realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial. El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, amplía las facultades de la fuerza, priorizando la prevención, detección e investigación de «delitos federales complejos» y la protección de la seguridad del Estado.
El DNU autoriza «tareas de espionaje en redes sociales» y seguimiento en plataformas digitales «sin autorización judicial». Aunque aclara que debe respetarse la privacidad y protección de datos, la medida encendió las alarmas de defensores de derechos humanos por el riesgo de vulnerar libertades básicas.
Además, la Policía Federal podrá realizar requisas personales y vehiculares sin orden judicial durante manifestaciones y operativos de prevención. También se habilita la detención de personas que no acrediten su identidad cuando existan sospechas fundadas de que cometieron o puedan cometer delitos. Sin embargo, cualquier detención no podrá extenderse más allá de las 10?horas y los detenidos no deberán ser alojados en el mismo espacio que los imputados por delitos graves.
El decreto modifica la estructura jerárquica y funcional de la PFA: se recorta progresivamente el ingreso de suboficiales y se impulsa su pase a oficiales si demuestran experiencia o estudios. Se elimina el rol de la Policía Federal en la seguridad local de la Ciudad de Buenos Aires, orientándola hacia investigaciones complejas. El DNU tiene, además, una visión de modernización basada en métodos del FBI.
Críticas de especialistas en derechos y seguridad por la resolución de Bullrich
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou advirtió sobre la «discrecionalidad» de las nuevas facultades y su uso potencial en persecuciones políticas. Según Darraidou «históricamente esto fue utilizado para perseguir según sesgos racistas, discriminatorios y que pueden ser utilizados con otros sentidos como persecución política».
Darraidou también cuestionó el «concepto vago» de «operativo de prevención», que podría emplearse para requisar manifestantes. Entre tanto, expresiones de especialistas recuerdan que la intervención policial «espontánea» a pedido del Ministerio podría operar como un aval para irrupciones arbitrarias en protestas o actividades políticas.
La reforma, impulsada como una medida urgente de seguridad nacional, fue emitida mediante decreto sin pasar por el Congreso. Desde CELS reclaman una ley orgánica debatida democráticamente, similar a las regulaciones de las policías provinciales, y advierten de un “verdadero cambio de régimen con la destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino»
