La discusión sobre el futuro de las jubilaciones se volvió ineludible en Argentina. Mientras el Congreso avanza en el debate por una eventual reforma de la jubilación, el Gobierno de Javier Milei ya se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a rediseñar el régimen de reparto actual para 2026. El objetivo: asegurar su viabilidad financiera en un contexto cada vez más adverso.
El diagnóstico es claro: el modelo de reparto vigente está colapsado. La relación entre aportantes y beneficiarios cayó por debajo del umbral mínimo: hoy hay menos de 1,5 trabajadores activos por cada jubilado, cuando se necesitan al menos tres para sostener el sistema sin déficit. A esto se suma la alta informalidad, que afecta a más del 40% de los trabajadores, y la caída de la natalidad, que redujo un 40% los nacimientos en los últimos diez años.
Envejecimiento poblacional y baja fecundidad
A este panorama se agregan factores estructurales de orden demográfico. La esperanza de vida en Argentina alcanzó los 77,3 años en 2023, superior al promedio mundial (73,3) y regional (75,6), aunque por debajo de países desarrollados. En la región, el país se ubica en el puesto 14 de 42, superando a Brasil, México y Paraguay, pero detrás de Chile, Uruguay y Costa Rica.
La combinación entre un mayor envejecimiento y una menor tasa de natalidad exige repensar el paradigma previsional tradicional, basado en una pirámide poblacional que hoy ya no existe.
De beneficio definido a contribución definida
Para Jacqueline Maubré, directora de Pension & Benefit de Criteria, el desafío pasa por asumir una nueva lógica: “Estamos dejando atrás el sistema de beneficio definido —donde se sabía cuánto se cobraría al jubilarse— y migrando hacia un modelo de contribución definida, donde el aporte es fijo, pero el resultado final depende de la planificación y el ahorro”.
Según la especialista, este giro de responsabilidad implica que cada trabajador deberá calcular qué calidad de vida desea tener en su retiro y ajustar sus aportes en función de ello. “Y para eso es indispensable educación financiera, algo que en la Argentina aún está muy pendiente”, remarcó.
Acompañamiento empresarial y planes de ahorro compartido
En este nuevo contexto, las empresas pueden tener un rol clave. Una encuesta de AON reveló que el 56% de los empleados espera apoyo financiero para su jubilación, pero apenas el 21% lo recibe. Frente a esta brecha, varias compañías comenzaron a ofrecer programas de ahorro compartido, una estrategia que busca fidelizar talentos y promover el bienestar financiero.
“En estos planes, el trabajador ahorra un porcentaje de su salario, y la empresa aporta un porcentaje equivalente a una cuenta separada. El acceso a esos fondos empresariales puede estar condicionado a ciertos requisitos, como una antigüedad mínima, lo que también ayuda a reducir la alta rotación laboral”, explicó Maubré.
Nuevas herramientas: retiro programado y fondos complementarios
Además de los planes compartidos, el sector privado está explorando seguros de retiro y fondos de pensión complementarios como vehículos alternativos. Estos instrumentos, recientemente habilitados por la normativa para el Cese Laboral, podrían reemplazar o complementar las indemnizaciones por despido, con un enfoque de ahorro sistemático y de largo plazo.
La especialista subrayó la necesidad de crear vehículos de inversión sólidos, y sostuvo que tanto la Comisión Nacional de Valores (CNV) como los equipos económicos del Gobierno ya están trabajando en esa dirección.
“El paradigma está cambiando. Y frente al colapso del sistema tradicional, la solución puede surgir del propio mercado”, concluyó Maubré.
