La Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de la defensa de empresarios del Grupo Macri que querían sacar de la causa Correo Argentino a dos jueces. Los abogados decían que estos jueces tenían bronca con Mauricio Macri y por eso no podían ser imparciales. Pero la Corte no les dio la razón y ahora el caso sigue su curso normal.
Todo empezó por un negocio que hizo el gobierno de Mauricio Macri en 2016 con Correo Argentino, la empresa que antes manejaba su familia. De acuerdo a datos de la agencia NA, el Estado, en ese momento, le perdonó gran parte de la deuda (98%) que tenía la empresa.
Los principales acusados son Jaime Cibils Robirosa, que era el presidente de Correo Argentino, y su abogado Jaime Kleidermacher. También están en problemas Oscar Aguad, que era ministro de Comunicaciones de Macri, y Juan Manuel Mocoroa, que trabajaba en temas legales del ministerio.
La fiscal Gabriela Boquin fue la que se dio cuenta de esta maniobra y la denunció. Ella dijo que el acuerdo era «ruinoso» para el Estado, porque le regalaban plata de todos los argentinos a la empresa de la familia presidencial. Por suerte, logró frenarlo antes de que se concretara.
La defensa intentó por todos lados sacar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la causa. Dijeron que tenían prejuicios contra Macri y que el caso era político para «poner de rodillas» al ex presidente. Pero ni la Cámara Federal ni la Casación les creyeron.
Ahora la Corte Suprema también les dijo que no y encima les puso una multa. Tienen que depositar plata como castigo por hacer recursos sin fundamento. Es una forma de decirles que paren de hacer trámites para dilatar el caso. La causa sigue en manos del juez Ariel Lijo, que está investigando desde 2017. Lo que se viene ahora es que los acusados tendrán que defenderse en serio, sin poder usar más chicanas legales para escaparse.
El escándalo que persigue a Macri: la historia completa de Correo Argentino
La relación entre la familia Macri y Correo Argentino es una historia que comenzó con una oportunidad de oro y terminó convirtiéndose en una bomba de tiempo política que aún explota hoy. Todo empezó en los años 90, cuando las privatizaciones menemistas le dieron al Grupo Socma (empresa de Franco Macri, padre de Mauricio) el control del servicio postal nacional.
En 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, Franco Macri recibió por decreto presidencial la concesión del servicio postal. La empresa arrancó sin deudas, pero dos años después, en 1999, dejó de pagar el canon anual que debía al Estado por explotar el servicio. Desde ahí empezó a acumular una deuda millonaria que nunca más pagaría completamente.
Para 2001, cuando el país estaba dolarizado, la deuda ya ascendía a 300 millones de pesos (equivalente a dólares en ese momento). La empresa estaba tan mal que no pudo pagar los sueldos de julio de 2001 a sus 13.000 empleados. El Correo Argentino había quebrado virtualmente bajo la gestión de la familia Macri.
En 2003, apenas asumió Néstor Kirchner como presidente, le quitó la concesión al Grupo Socma y reestatizó Correo Argentino. Desde entonces, la empresa volvió a funcionar bajo control estatal, pero la deuda de los Macri quedó pendiente. Durante años, el holding familiar hizo diferentes propuestas de pago que fueron rechazadas por el Estado.
El momento más polémico llegó en 2016, cuando Mauricio Macri ya era presidente. Su gobierno convocó a una audiencia y anunció que aceptaría una propuesta de pago en 15 cuotas anuales hasta 2033, más una cuota final por intereses. Pero había trampa: el acuerdo implicaba una condonación de 70.000 millones de pesos, es decir, el Estado le perdonaba el 98% de la deuda a la empresa de la familia presidencial.
La fiscal Gabriela Boquin fue quien se dio cuenta del negociado y lo denunció como «ruinoso» y «abusivo» para el Estado. Gracias a su intervención, el acuerdo fue frenado antes de concretarse. Sin ella, los Macri se habrían quedado con el perdón total de una deuda millonaria usando el poder del Estado.
Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia en 2019, el Estado pidió la intervención de Correo Argentino S.A. y solicitó iniciar el proceso de salvataje o directamente la quiebra. Esto complicó aún más al Grupo Socma, que controla empresas de construcción, peajes, recolección de residuos y otros rubros tanto en Argentina como en Brasil y Uruguay.
La causa judicial comenzó en 2017 en el juzgado del juez federal Ariel Lijo y sigue en etapa de instrucción. Los principales acusados son Jaime Cibils Robirosa (presidente de Correo Argentino), su abogado Jaime Kleidermacher, el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa (ex funcionario del área legal del ministerio).
Para la familia Macri, este no es el único escándalo judicial. También están involucrados en la causa de los Cuadernos por supuestos sobornos, en el caso Odebrecht a través de la constructora Iecsa (que era de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio), y en irregularidades con Autopista del Sol. Es un combo explosivo de causas que los persigue desde hace años.
La historia de Correo Argentino resume perfectamente cómo funcionó el capitalismo de amigos en Argentina: una familia empresaria recibe una concesión jugosa, la funde, acumula deudas millonarias con el Estado, y después usa el poder político para intentar que les perdonen todo. Por suerte, esta vez la Justicia no se lo permitió.
