Un nuevo escándalo salarial sacude al Senado de la Nación. Tras la última actualización paritaria de los trabajadores del Congreso, que elevó las dietas legislativas a más de $9,5 millones brutos mensuales, solo 35 de los 72 senadores presentaron formalmente su renuncia al incremento. La mayoría de ellos pertenecen a bloques oficialistas no kirchneristas y al grupo de legisladores conocidos como “dialoguistas”.
La excepción la marcó, una vez más, el kirchnerismo, cuya bancada mayoritaria evitó pronunciarse de forma clara sobre la situación. Consultados por NA, varios senadores del espacio liderado por José Mayans optaron por respuestas evasivas o silencio absoluto, en un contexto político donde el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner domina el debate público.
El detonante del conflicto fue el nuevo ajuste automático de las dietas, que se activó a partir de la cláusula votada en 2024, donde se estableció que los sueldos de los senadores se actualizarían en línea con los aumentos de los empleados legislativos. Esa decisión, votada a mano alzada y sin debate, dejó la puerta abierta a un esquema de aumentos por goteo que volvió a estar en el centro de la escena este mes.
Ante la falta de reacción del cuerpo, fue la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, quien firmó un decreto invitando a los legisladores a rechazar total o parcialmente el incremento salarial. La medida fue interpretada como un intento de desmarcarse políticamente del aumento, que había generado fuertes críticas desde el Gobierno y la opinión pública.
La respuesta fue dispar. Senadores como Maximiliano Abad (UCR), Luis Juez (PRO), Martín Lousteau (UCR) y varios integrantes de La Libertad Avanza, como Bartolomé Abdala o Ivanna Arrascaeta, se sumaron a la renuncia voluntaria. Otros, en cambio, guardaron silencio o evitaron presentar nota alguna antes del plazo fijado, que venció el viernes 13 de junio.
Desde el entorno de Villarruel reconocieron que la medida buscaba generar un gesto de austeridad, en un momento donde el Poder Ejecutivo sostiene un discurso de ajuste y denuncia sistemáticamente los privilegios del Congreso. “El que no quiso bajarse el sueldo, quedó expuesto”, deslizó un asesor parlamentario.
Mientras tanto, el bloque kirchnerista justifica su silencio con el argumento de que la agenda pública está concentrada en la condena firme a Cristina Kirchner, y en las acciones judiciales que podrían derivar en su detención domiciliaria e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Sin embargo, puertas adentro del Senado, el malestar crece: tanto por la falta de una posición unificada como por la presión ciudadana ante cifras que, en tiempos de crisis, resultan difíciles de justificar.
Por ahora, el debate sobre las dietas volvió a poner en evidencia una fractura interna en el Congreso: entre quienes buscan adaptarse a la demanda social de transparencia y austeridad, y quienes prefieren mirar para otro lado mientras los sueldos siguen escalando.
