El Gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas bajo un régimen de «control especial», dejando sin efecto una prohibición que estaba vigente desde 1995, durante la presidencia de Carlos Menem. La medida representa un cambio en la política de control de armas del país, al permitir que civiles accedan a armamento que hasta ahora estaba reservado exclusivamente para las fuerzas de seguridad y las instituciones armadas.
El Decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, estableció los lineamientos del nuevo régimen. La norma especifica que se crea un «régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o sub ametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego».
La prohibición original fue establecida mediante el decreto 64/95 del año 1995, que además creó la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) como órgano regulador del sector. Durante estos 30 años, las armas semiautomáticas de uso militar permanecieron reservadas únicamente para las instituciones armadas, formando parte de una política más restrictiva implementada en los años noventa. El cambio de criterio del actual gobierno refleja una visión diferente sobre el equilibrio entre derechos individuales y seguridad pública en materia de tenencia de armas.
En la fundamentación del decreto, el Gobierno considera necesario «reevaluar los mecanismos dispuestos para controlar las armas semiautomáticas», argumentando que la doctrina de ANMAC fue «profusa» a la hora de expedir autorizaciones. La administración de Milei plantea que los organismos de control «deben reflejar un particular equilibrio entre la posibilidad de la adquisición o transferencia de tales armas de fuego, con los recaudos derivados de la seguridad pública o común», sugiriendo que el sistema anterior era excesivamente restrictivo para los ciudadanos que cumplían con los requisitos legales.
Para acceder a la compra de un arma semiautomática bajo el nuevo régimen, los usuarios deberán «acreditar probados usos deportivos y las demás condiciones objetivas que al efecto establezca la ANMAC». Esto implica que no será un acceso irrestricto, sino que se mantendrán controles específicos, aunque más flexibles que la prohibición total anterior. Los solicitantes deberán demostrar finalidades deportivas legítimas y cumplir con los requisitos adicionales que establezca la agencia reguladora, manteniendo así un marco de control, aunque ampliado en su alcance.
El marco legal que deberá cumplir cada civil en la Argentina para la tenencia de armas semiautomáticas
Esta medida se enmarca dentro de una serie de flexibilizaciones implementadas por el gobierno de Milei para facilitar la compra y tenencia de armas. En 2024, la administración ya había reducido de 21 a 18 años la edad mínima para tramitar la Credencial de Legítimo Usuario de armas, el primer paso necesario para solicitar la tenencia. El mes pasado se había habilitado además un trámite de «Tenencia Express» para facilitar el acceso al permiso de tenencia de armas de fuego, una modalidad dirigida tanto a civiles como a miembros de las Fuerzas de Seguridad que compren en armerías.
El contexto en el que se implementa esta medida incluye cifras preocupantes sobre la circulación de armas en el país. Según datos oficiales, en Argentina hay registrados 260.348 legítimos usuarios con 739.124 armas registradas, un promedio de tres armas por persona. Sin embargo, también existen 479.225 personas con permisos vencidos que poseen 814.608 armas que alguna vez fueron registradas, pero de las cuales ahora se desconoce el paradero. Además, se presume que hay 800.000 armas ilegales circulando en el país según estimaciones gubernamentales, lo que plantea desafíos adicionales para las políticas de control y regulación del sector armamentístico.
