Telecom logró un importante respaldo judicial en el marco del conflicto con el Gobierno por la adquisición de Telefónica Argentina. La compañía informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal concedió su apelación con efecto suspensivo contra la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, que había suspendido de forma preventiva la operación.
El fallo judicial dejó sin efecto las restricciones impuestas por Industria y Comercio, y ordenó a la Secretaría que conduce Esteban Marzorati abstenerse de adoptar cualquier medida que contradiga el efecto suspensivo otorgado. De esta manera, la empresa no estará obligada a cumplir con las limitaciones hasta que exista una resolución de fondo.
En un breve comunicado enviado a la CNV, Telecom detalló que la Justicia también revocó la designación de la doctora María Teresa Pintos como agente de monitoreo, quien había sido nombrada por la Secretaría para supervisar el cumplimiento de la suspensión.
Origen del conflicto
La polémica comenzó a fines de febrero, cuando se anunció la adquisición de Telefónica Argentina por parte del Grupo Telecom. El acuerdo incluía la transferencia de todos los activos, servicios móviles, telefonía fija e internet. La operación representaba un paso estratégico de Telecom para consolidar su posición en el mercado, pero también despertó preocupación en el plano regulatorio.
El 21 de marzo, el Gobierno respondió con una resolución que suspendía preventivamente la compra y nombraba una supervisora para controlar su cumplimiento. La medida fue justificada por supuestos riesgos de concentración económica, bajo el amparo de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
Implicancias para el mercado de telecomunicaciones
Desde un principio, la operación entre ambas compañías generó tensiones por su impacto en un mercado ya altamente concentrado. La Secretaría había argumentado que existían “elementos que podrían configurar una concentración económica que no contaba con la debida autorización” y que su intervención buscaba proteger el interés económico general y garantizar la competencia.
La decisión judicial ahora cambia el panorama. Mientras se define la legalidad de la operación, Telecom no tendrá impedimentos para avanzar en el proceso de integración con Telefónica, aunque sigue pendiente la evaluación final de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
Un precedente clave para el sector
El fallo de la Cámara Civil y Comercial no solo representa un respaldo para Telecom, sino que también pone límites a la capacidad del Poder Ejecutivo de intervenir de manera anticipada en este tipo de operaciones. La resolución establece que, mientras se sustancie el recurso presentado por la empresa, no podrán aplicarse medidas que restrinjan la fusión.
De este modo, se abre un nuevo capítulo en el proceso de adquisición, con una Justicia que condiciona la intervención estatal y refuerza la posición de las empresas privadas en un contexto de fuertes disputas regulatorias.
