En un clima marcado por la polarización política y el creciente malestar social, la antesala de la movilización en apoyo a Cristina Kirchner quedó teñida por un extenso despliegue de fuerzas de seguridad en distintos puntos del país. El motivo: revisar colectivos que transportan militantes hacia la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la protesta convocada por el Partido Justicialista (PJ) tras la ratificación de la condena contra la expresidenta.
Desde la madrugada del miércoles, efectivos de distintas fuerzas, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), protagonizan requisas en accesos clave como la Autopista Riccheri, obligando a los pasajeros a descender en plena calzada bajo temperaturas invernales. La escena, que se repite en Córdoba, San Luis y otras provincias, fue registrada en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Uno de ellos muestra a una pareja de mendocinos detenida en Villa Mercedes, San Luis. “Nos están haciendo la vida imposible, no quieren que lleguemos a Buenos Aires”, denuncian en el video compartido por C5N. En Córdoba, estudiantes tucumanos relataron que su colectivo fue detenido sin explicación clara, en lo que consideraron un acto intimidatorio.
Las imágenes remiten a los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando comenzaron a implementarse operativos disuasorios en vísperas de manifestaciones. Para muchos dirigentes opositores, estas medidas representan una estrategia de amedrentamiento disfrazada de “controles de rutina”.
La marcha de este miércoles fue convocada a las 14 horas en Plaza de Mayo, tras un acuerdo entre gobernadores y legisladores peronistas, que optaron por no marchar hacia Comodoro Py. La convocatoria tiene como eje el rechazo al fallo de la Corte Suprema, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
Horas antes, el Tribunal Oral Federal N.º 2 accedió a concederle la prisión domiciliaria, al hacer lugar al pedido de su abogado, Carlos Beraldi, quien alegó razones de edad, seguridad y estado de salud. La expresidenta, de 72 años, cumplirá la medida en su domicilio de Constitución, bajo monitoreo de tobillera electrónica.
Mientras tanto, el operativo de seguridad continúa. Los colectivos siguen siendo revisados, los celulares grabando, y las redes sociales amplificando una pregunta que muchos repiten desde temprano:
¿Es este el regreso de una vieja Argentina, donde marchar también se convierte en un acto de resistencia?
