Elisa Carrió, junto a un grupo de legisladores nacionales y provinciales, presentó una dura denuncia ante la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, por lo que calificaron como «una situación de abandono deliberado» del Hospital Garrahan. Según la presentación, el Gobierno nacional estaría incurriendo en una “regresión de derechos fundamentales” al desfinanciar de manera sistemática al principal centro de salud pediátrica del país.
La denuncia sostiene que el Poder Ejecutivo incrementó apenas un 20% el presupuesto del Garrahan para 2025, frente a una inflación interanual superior al 110%, lo que provocó graves consecuencias en la operatividad del hospital. «Más de 200 profesionales debieron dejar sus funciones por condiciones laborales insostenibles», advierte el texto, que también denuncia falta de insumos médicos básicos y riesgo para tratamientos de alta complejidad.
La denuncia de Carrió también salpica al ministro de Salud nacional
Carrió y los firmantes responsabilizan directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, por este cuadro, y lo acusan de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «abandono de persona agravado». Incluso, señalan que ya se presentó una denuncia penal contra Lugones por su intervención en la remoción del Consejo de Administración del hospital, que había aprobado un bono extraordinario para el personal médico.
«El recorte no puede entenderse como una omisión ni una contingencia, sino como una decisión política consciente», afirman. En ese marco, piden que la Defensoría General de la Nación intervenga de manera urgente con una comitiva institucional para constatar la situación y recolectar testimonios del personal, familiares y pacientes.
Además, el equipo de dirigentes radicales que acompañan a Carrió, solicitaron la presentación de un amparo colectivo contra el Estado nacional y la restitución del financiamiento integral del Garrahan, junto con la prohibición de nuevos recortes. También reclaman la designación de un veedor judicial y la notificación de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El escrito recordó que el Garrahan realiza el 40% de los tratamientos oncológicos infantiles del país, más de 12.000 cirugías anuales y un centenar de trasplantes. «La salud de los niños no puede quedar rehén de decisiones presupuestarias arbitrarias, ni de revanchas políticas internas», expresó uno de los legisladores firmantes.
Los denunciantes apelan a la responsabilidad internacional del Estado argentino en el marco de tratados con jerarquía constitucional como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. «Lo que está en juego es el derecho a la vida de los más vulnerables», concluyen.
