El presidente de la Argentina, Javier Milei, disolvió el programa de vivienda Procrear, por lo tanto, se activó el proceso para cerrar el Fondo Fiduciario Público del plan y transferir la administración de los créditos vigentes a una entidad privada, el Banco Hipotecario. La medida se oficializó a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
La medida había sido anticipada en noviembre del año pasado mediante el Decreto 1018/2024, que consideraba al programa como una «pesada carga» para las finanzas públicas.
Qué pasará con los préstamos del Procrear que ya estaban activos
Según el decreto, la construcción de viviendas no debería ser una función estatal directa, sino una actividad propia de los bancos públicos y privados. Con esa lógica, la gestión de los préstamos activos pasará al Banco Hipotecario S.A., bajo las mismas condiciones pactadas en el fideicomiso original.
El Ministerio de Economía seguirá a cargo del manejo de los bienes del fondo, tanto muebles como inmuebles. También podrá acordar transferencias de propiedades a provincias, municipios u organismos nacionales. En el caso de inmuebles aportados por gobiernos locales, se contempla la posibilidad de devolverlos total o parcialmente.
La resolución asigna a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial la responsabilidad de ejecutar los pasos administrativos, incluyendo la instrucción al Banco Hipotecario para vender carteras de créditos con baja performance, menos del 40% de cobrabilidad, y transferir el producido al Tesoro Nacional.
En paralelo, se oficializó que los inmuebles sin obras activas que estaban en poder fiduciario del Banco Hipotecario pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios específicos con la Secretaría de Obras Públicas.
Por último, se detalló que los juicios vinculados al programa disuelto quedarán bajo la órbita del servicio jurídico del Ministerio de Economía, y que las deudas pendientes se cancelarán con lo recaudado por cobranzas o venta de inmuebles, respetando los criterios originales del fideicomiso firmado en 2012.
