El fiscal federal Abel Córdoba solicitó al Tribunal Oral Federal 4 que el empresario K, Lázaro Báez, deje el régimen de arresto domiciliario que cumple en una estancia de la Patagonia y vuelva a prisión para completar su condena de diez años por lavado de dinero. El pedido se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia contra el extitular de Austral Construcciones.
Según el escrito presentado por Córdoba, la condena ya no puede ser apelada y es momento de calcular el tiempo efectivamente cumplido por Báez, para que el resto de la pena se ejecute en una cárcel común. En la misma línea, el fiscal también solicitó que se revoque el arresto domiciliario de su abogado Jorge Chueco y su contador Daniel Pérez Gadín, ambos condenados a seis años de prisión.
El magistrado a cargo de resolver esta etapa de ejecución es el juez Néstor Costabel, quien ya integró el tribunal que en 2021 dictó las condenas. En paralelo, Córdoba se pronunció a favor de conceder la libertad condicional a Martín Báez, hijo del empresario, dado que lleva preso desde 2016 y ya habría cumplido los dos tercios de su pena de seis años y medio.
El caso que terminó complicando a Lázaro Báez
La causa por la que fue condenado Báez es una de las más emblemáticas de la última década. La Justicia determinó que entre 2010 y 2013 el empresario lavó más de 60 millones de dólares provenientes de contratos de obra pública obtenidos de forma irregular. Las maniobras incluyeron el uso de una financiera clandestina, SGI, conocida como “La Rosadita”, y una red de sociedades en paraísos fiscales.
El caso cobró notoriedad pública tras la difusión de videos donde se veía a Martín Báez y otros colaboradores contando fajos de dólares en la oficina de Puerto Madero. Aquellas imágenes fueron claves en la instalación del escándalo, que derivó en una investigación por asociación ilícita y lavado agravado.
Durante la instrucción judicial, el juez Sebastián Casanello ordenó en 2016 la detención de Báez, Chueco y Pérez Gadín. Desde entonces, el empresario pasó por prisión preventiva y luego obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, que ahora está en revisión a pedido de la fiscalía.
El pedido de Córdoba no sólo apunta a que se cumpla la pena con rigor, sino también a dar una señal de que las condenas firmes por delitos económicos deben ejecutarse plenamente. El caso Báez fue parte de una trama más amplia que incluyó a sus hijos, socios y operadores financieros, y que expuso cómo funcionaba una estructura de desvío de fondos públicos a través de empresas contratistas del Estado. La decisión final sobre su regreso a la cárcel ahora queda en manos del tribunal.
