Este miércoles, la Cámara de Diputados podría convertirse en el escenario de un verdadero sismo político. La oposición llega al recinto decidida a avanzar con una agenda social explosiva, que incluye la movilidad jubilatoria y la emergencia en discapacidad, mientras que el oficialismo, con el fantasma del veto presidencial rondando, se prepara para una jornada de alta tensión tanto adentro como afuera del Congreso.
A diferencia del fallido intento del pasado 21 de mayo, donde faltaron apenas tres voluntades, los bloques opositores sienten que esta vez el quórum está al alcance de la mano. Aun así, no se permiten margen de error: saben que cualquier ausencia inesperada o presión de último momento podría echar por tierra semanas de trabajo coordinado.
La presión popular también hará su parte. En las inmediaciones del Palacio Legislativo, una movilización multitudinaria reunirá a jubilados, colectivos de personas con discapacidad, organizaciones feministas, trabajadores de la salud y sector universitario, todos bajo una misma consigna: “El Congreso tiene que escuchar”.
Incluso el movimiento Ni Una Menos decidió posponer su marcha tradicional para unirse al reclamo, en una clara muestra del clima transversal que toma forma contra lo que definen como un modelo de ajuste brutal del Gobierno.
En este contexto, informó NA, el Hospital Garrahan dirá presente con su asamblea de trabajadores, que busca visibilizar no solo los bajos salarios, sino también la necesidad de declarar la emergencia sanitaria pediátrica en todo el país. Por su parte, docentes y estudiantes de universidades públicas aprovecharán para exigir mayor presupuesto educativo y el tratamiento urgente de la recomposición salarial.
Desde el Ministerio de Seguridad, ya adelantaron que aplicarán un protocolo más estricto para contener la marcha. Temen que la calle se caliente y que eso tenga su correlato dentro del recinto, donde la oposición buscará emplazar comisiones y forzar el tratamiento de temas que incomodan a la Casa Rosada.
En medio de esta puja, Martín Menem —presidente de la Cámara— juega su carta más fuerte: presionar a los gobernadores que el 21 de mayo le garantizaron el freno a la sesión, entre ellos los de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Chubut, Catamarca y Chaco. Con ese mismo objetivo, el oficialismo advierte que las propuestas opositoras implicarían un costo fiscal superior a los 12 mil millones de dólares entre 2025 y 2026, lo que representa el 1,8% del PBI.
El bloque radical, liderado por Rodrigo de Loredo, sigue dividido entre los que quieren mantener cierta coherencia ideológica y los que temen romper el vínculo con el Poder Ejecutivo. En esa interna, nombres como Julio Cobos, Karina Banfi y Fabio Quetglas asoman como posibles “rebeldes” que podrían dar quórum.
Por el lado de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, las fichas están puestas en mantener la unidad interna y evitar las fugas que en la sesión anterior frustraron el intento opositor.
Mientras tanto, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda actúan como aliados tácticos de una coalición opositora que tiene un objetivo claro: forzar la discusión social en el recinto y exponer la negativa oficialista. En contraste, el PRO, cada vez más subordinado a los deseos de Javier Milei, volverá a jugar del lado del Gobierno, con excepción de un puñado de disidentes como Álvaro González y Héctor Baldassi.
Desde la Casa Rosada ya avisaron: si la oposición logra aprobar alguno de los proyectos, serán vetados sin contemplación. Pero la oposición también tiene plan B: empezar a construir los dos tercios necesarios para levantar un veto. La cuenta recién empieza.
La pelea por las jubilaciones, la discapacidad y la educación pública llegó al corazón del Congreso. Y la sociedad está mirando.
