Un proyecto que impulsa modificar la Ley de Identidad de Género fue presentado en el Congreso por Gerardo Milman, con el respaldo de Lilia Lemoine, referente del oficialismo. El texto busca eliminar la cobertura estatal para tratamientos relacionados con la identidad autopercibida y establecer límites para menores de edad. La propuesta había sido mencionada por el Gobierno como posible decreto, pero ahora toma forma legislativa.
Según sus impulsores, la reforma apunta a garantizar la “libertad individual sin imposiciones fiscales”, y defiende la “neutralidad ideológica del Estado”. Además, plantea que las decisiones personales no deben implicar gastos públicos.
Cobertura médica y restricciones para menores
Entre los puntos centrales, el proyecto establece que los tratamientos hormonales y quirúrgicos para personas mayores de 18 años solo podrán realizarse de manera privada. El sistema de salud público, las obras sociales y las prepagas no estarán obligados a cubrir los costos.
Para menores, se prohíben por completo las intervenciones médicas y hormonales. Incluso para los cambios registrales —como el nombre o el sexo en el DNI— se requerirá el consentimiento de ambos padres y una evaluación obligatoria de un equipo interdisciplinario conformado por un médico, un psicólogo y un psiquiatra.
También se elimina la obligatoriedad del uso de nombres o pronombres autopercibidos en ámbitos públicos y privados. El trato según la identidad de género deberá acordarse entre las partes, sin sanciones para quienes no lo respeten.
Neutralidad educativa y eliminación de beneficios especiales
El proyecto de Ley de Identidad de Género incorpora un nuevo artículo que obliga al Estado a mantener la neutralidad ideológica en el ámbito educativo. Esto significa que no podrá difundir ni financiar contenidos relacionados con la identidad de género en escuelas u organismos públicos sin consentimiento previo de los padres.
Además, se establece que los trámites de cambio de nombre o sexo seguirán realizándose en el Registro Nacional de las Personas, pero solo serán gratuitos en situaciones de vulnerabilidad extrema, debidamente acreditadas.
En el texto, Gerardo Milman sostiene que la actual legislación responde a un “modelo paternalista” y que la nueva propuesta busca devolver al Estado un rol neutral. También cuestiona subsidios, cupos laborales y beneficios especiales para personas trans, al considerar que vulneran el principio de igualdad ante la ley.
El proyecto para cambiar la Ley de Identidad de Género, que aún no fue girado a comisiones, ya despertó posturas enfrentadas. Mientras sectores libertarios respaldan la reforma, organizaciones sociales y de derechos humanos alertan sobre un posible retroceso en inclusión y salud pública.
“El Estado no debe financiar con recursos de todos las decisiones individuales de algunos”, argumentan los autores. Y remarcan que el objetivo es garantizar la libertad personal, sin imponer cargas al resto de la sociedad. Para avanzar, el oficialismo necesitará apoyo de bloques aliados en un Congreso donde no cuenta con mayoría.
