La diputada porteña Graciela Ocaña volvió a apuntar contra el expresidente Alberto Fernández, esta vez por su procesamiento en la causa de los seguros vinculados a Nación Seguros, en la que se investiga un presunto esquema de corrupción durante su mandato. En diálogo con Radio Rivadavia, Ocaña fue contundente: pidió a la ANSES que suspenda el pago de la jubilación de privilegio del exmandatario «hasta que se resuelva su situación judicial».
“Alberto Fernández fue procesado en la causa Seguros y se trabó un embargo millonario. Hay una enorme cantidad de pruebas”, sostuvo la legisladora. Y agregó que, mientras avance el proceso judicial, el Estado tiene mecanismos para resguardarse: “Lo que pedimos es que se suspenda a resultas del juicio. Si finalmente resulta inocente, se le puede pagar lo adeudado. Pero hoy no corresponde que cobre una jubilación de privilegio”.
Jubilación de privilegio y corrupción: “No corresponde”
Para Ocaña, la clave está en el carácter especial que tienen este tipo de beneficios: “Este régimen tiene que ver con el cargo que ocupaste, con la honorabilidad del puesto de presidente o vicepresidente. Si defraudaste la administración pública, como hizo Alberto, no corresponde”, expresó con firmeza.
La diputada recordó que el Gobierno de Javier Milei adoptó la postura de revocar jubilaciones cuando hay condenas por corrupción, aunque aclaró que en este caso se trata de una instancia procesal inicial. “Lo de Alberto es un procesamiento en primera instancia. Entiendo que la ANSES quiera esperar la confirmación, pero pedimos que al menos se suspenda el pago. El Estado tiene la capacidad de resarcir en caso de daño”, reiteró.
Embargo millonario y sospechas graves
La causa en cuestión investiga la intermediación de seguros a través de organismos públicos durante la presidencia de Alberto Fernández, en un esquema que habría beneficiado a personas allegadas al entorno oficial. Según la resolución judicial, ya se ordenó un embargo por cifras millonarias, y el procesamiento marca un avance relevante en el expediente.
Ocaña, conocida por su activismo anticorrupción, también deslizó que este caso “es apenas uno de los tantos que ponen en tela de juicio la transparencia del gobierno anterior” y consideró que no se puede premiar con fondos públicos a quienes están siendo investigados por malversación.
