El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, decidió retirar el pedido para que la ex presidenta Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel. No obstante, planteó que se analice un posible cambio de domicilio para continuar la prisión domiciliaria por la Causa Vialidad. Esta medida busca garantizar la seguridad de la ex mandataria y, a la vez, atender los reclamos de los vecinos de su barrio.
Villar presentó su postura en un escrito minutos antes de la audiencia convocada para debatir las condiciones de detención de Cristina Kirchner. De esta manera, el fiscal se diferenció de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado la prisión domiciliaria otorgada a la ex presidenta. Para ellos, la condena debía cumplirse en un establecimiento penitenciario.
Sin embargo, Villar sostuvo que no resulta aconsejable modificar la modalidad de cumplimiento actual. Explicó que la prisión domiciliaria no implica falta de controles y que debe garantizarse la supervisión para el correcto cumplimiento de la pena. «Sustituir su domicilio por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución», detalló.
Seguridad y molestias en el barrio
El fiscal sí coincidió en que la ubicación actual de Cristina Kirchner genera inconvenientes para los vecinos de la calle San José 1.111, en Monserrat. Además, remarcó que las salidas al balcón de la ex presidenta incrementan los riesgos para su seguridad. Por ello, solicitó que se estudie la posibilidad de trasladar la prisión domiciliaria a otro lugar.
Asimismo, Villar subrayó que la tobillera electrónica debe continuar siendo obligatoria. Argumentó que ningún juez puede dispensar su uso sin los informes pertinentes. «La colocación del dispositivo de control solo puede cesar si se cumplen los requisitos legales», enfatizó.
Mientras tanto, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña escucharon este lunes los argumentos de Villar y de la defensa de Cristina Kirchner. Los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy expusieron en la audiencia sus objeciones a las restricciones vigentes. Ahora, la Cámara de Casación tiene cinco días hábiles para resolver, aunque se espera que la decisión llegue esta misma semana.
Prisión domiciliaria ratificada
El Tribunal Oral Federal 2 había otorgado la prisión domiciliaria el pasado 17 de junio. Lo hizo tras la confirmación de la condena a seis años por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron que por motivos de seguridad y edad la ex mandataria debía permanecer en su domicilio.
Uno de los argumentos centrales fue el intento de homicidio sufrido por Cristina Kirchner en septiembre de 2022. Según el fallo, cumplir la pena en una cárcel habría requerido medidas extremas de aislamiento, incompatibles con un régimen penitenciario adecuado. Por eso, fijaron la prisión domiciliaria con estrictas pautas de control.
Entre las condiciones, se encuentra la obligación de portar tobillera electrónica, limitar visitas y evitar conductas que alteren la convivencia vecinal. El reglamento permite recibir a familiares, abogados, médicos y custodios sin autorización judicial previa. En cambio, para otros visitantes se requiere permiso de la justicia.
En ese marco, la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la semana pasada generó un nuevo foco de discusión. El encuentro se realizó en el domicilio de Monserrat bajo estrictas medidas de seguridad.
La Cámara de Casación analiza las condiciones de detención de Cristina Kirchner y podría sugerirle un cambio de domicilio https://t.co/ZQa52Uu1ha pic.twitter.com/6j8576JNtR
— LA NACION (@LANACION) July 6, 2025
