La tensión crece en el Gobierno argentino ante la inminente decisión de la jueza Loretta Preska, quien este lunes 14 de julio deberá definir si la Argentina podrá suspender la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión que demandaron al país por la expropiación de la petrolera en 2012.
La información fue confirmada por el analista y especialista en litigios financieros Sebastián Maril, quien sigue de cerca el caso desde Nueva York y advirtió que la decisión del tribunal podría marcar un antes y un después en la batalla judicial internacional que enfrenta el país.
El Gobierno busca frenar un fallo millonario
Este jueves, informó NA, la administración de Javier Milei apeló formalmente la sentencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en un intento por frenar una medida que podría representar una pérdida multimillonaria para el Estado nacional.
En el escrito, la defensa argentina no solo reiteró su disconformidad con el fallo original, sino que anticipó que llevará el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, si fuera necesario.
«La orden de la jueza Preska vulnera el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y contradice principios básicos de cortesía internacional«, argumenta el recurso.
Washington, ¿del lado argentino?
Uno de los puntos centrales del reclamo presentado por el equipo jurídico del país es la referencia al apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU. durante la administración de Donald Trump, que presentó una Declaración de Interés en respaldo de los argumentos soberanos de Argentina.
Este respaldo fue considerado por el equipo argentino como una muestra de que el litigio involucra no solo intereses financieros, sino también geopolíticos, y que forzar la transferencia de acciones podría sentar un precedente preocupante para las relaciones internacionales y la estabilidad de las empresas con participación estatal.
La advertencia: jurisdicción inconstitucional
En su apelación, Argentina también cuestionó el alcance de la sentencia original, alegando que constituye un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, ya que afecta a una empresa de bandera que opera bajo la legislación nacional y cuya expropiación fue aprobada por el Congreso.
“No se trata de una disputa comercial tradicional. Está en juego la soberanía económica del país y el principio de autodeterminación sobre sus recursos estratégicos”, indicaron fuentes allegadas a la defensa.
El veredicto que podría cambiar la historia
El caso, que se remonta a la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es seguido con atención tanto por el mundo financiero como por actores políticos de todo el espectro. De confirmarse la obligación de entregar el paquete accionario, Argentina podría enfrentar una de las derrotas judiciales más costosas de su historia reciente.
Por ahora, la expectativa recae sobre lo que decida Loretta Preska este lunes. Un fallo a favor de la suspensión significaría un alivio temporal, pero la batalla legal promete continuar por meses, incluso años.
El reloj corre y, una vez más, los activos estratégicos del país quedan en manos del sistema judicial estadounidense.
