La consigna “terminar con la casta política”, con la que Javier Milei irrumpió en la escena electoral, parece haber quedado en el pasado… al menos en la provincia de Buenos Aires. A medida que se conocen los nombres que integran las listas de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 7 de septiembre, surgen cada vez más voces críticas por la fuerte presencia de funcionarios públicos —muchos de ellos pertenecientes a organismos estatales como la Anses, el PAMI y ministerios nacionales— que ahora figuran como candidatos libertarios.
La estrategia electoral fue diseñada por el senador Sebastián Pareja, con la supervisión directa de Karina Milei, y apunta a consolidar poder territorial. Sin embargo, lo que generó controversia fue la decisión de llenar las boletas con empleados del propio Estado, una maniobra que contradice abiertamente el discurso oficialista de “barrer con la casta”.
Funcionarios por todas partes
Desde Merlo hasta Chivilcoy, pasando por distritos claves como La Matanza, el patrón se repite: candidatos ligados a dependencias estatales o con vínculos directos con funcionarios libertarios. En la primera sección electoral, por ejemplo, la candidata Claudia del Valle —empleada del PAMI— aparece acompañada por referentes con pasado en el Ministerio de Educación y universidades públicas.
En Tigre, Claudio Baumgarten, jefe de la Anses local, vuelve a presentarse en la boleta luego de intentar ser intendente en 2023. En Zárate, Pablo Morillo, actual director de Desarrollo, busca una banca mientras su hermano dirige la Anses de Capitán Sarmiento. En Olavarría, Celeste Arouxet lidera el PAMI y encabeza una de las listas.
La tercera sección electoral, un bastión históricamente peronista, también fue alcanzada por la misma lógica: Leila Gianni, exsubsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, lidera en La Matanza, junto a Gabriel Chaile, actual funcionario de la misma cartera.
Una paradoja que incomoda
Aunque Milei ha hecho del término “casta” su bandera política, los armados distritales de su partido muestran que la práctica no siempre sigue al discurso. “Es una contradicción total. No sólo están nombrando funcionarios, sino que ahora esos mismos nombres integran las listas para cargos electivos”, señaló un dirigente de la oposición en reserva.
Incluso algunos referentes libertarios reconocen en privado la tensión entre el relato purista de Milei y la necesidad real de construir poder territorial con actores que ya tienen presencia en organismos públicos. “Lo que vendieron como antipolítica, terminó siendo un reciclaje de recursos estatales”, apuntó otra fuente opositora.
¿El fin del relato anticasta?
El caso del apoderado partidario Juan Esteban Osaba, que además es director nacional del Ministerio del Interior, revela la doble función que muchos de los nombres en las listas están cumpliendo: administran el Estado y disputan poder político desde dentro de LLA. Lo mismo ocurre con Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, quien forma parte de la estructura judicial bonaerense y ahora también figura como candidato.
Mientras tanto, el discurso oficial se enfrenta a su límite más evidente: la contradicción con los hechos. Si bien desde el entorno de Milei justifican la decisión por “necesidad operativa” en los territorios, los cuestionamientos no cesan. Y el presidente, que supo capitalizar el hartazgo con la política tradicional, empieza a quedar expuesto por los mismos mecanismos que antes prometía combatir.
