La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno de Argentina para suspender la sentencia que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes que ganaron el juicio por la estatización de la petrolera. Con esta decisión, se mantiene en pie la condena de USD 16.000 millones contra el país.
«El pedido de ‘stay’ fue denegado», confirmó el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca la causa. La solicitud del Gobierno de Javier Milei buscaba frenar temporariamente la ejecución del fallo mientras se siguen explorando instancias judiciales en Estados Unidos, incluido un posible recurso ante la Corte Suprema, para no tener que entregar toda la compañía.
Preska desestimó el planteo y ratificó su decisión de que Argentina debe pagar la millonaria sentencia entregando las acciones expropiadas en 2012 a los litigantes Burford Capital y Eton Park. En este contexto, el Estado argentino anticipó que seguirá litigando en tribunales norteamericanos para evitar que esto ocurra.
«La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República. La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales», indica en su fallo la jueza Preska.
Juicio por YPF: los fundamentos de Argentina
Entre los principales fundamentos de la defensa argentina figura que la orden de Preska «viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional». Además, se recuerda que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, emitió una «Declaración de Interés» favorable a Argentina, considerada una señal política de apoyo.
En su escrito más reciente, Argentina también advirtió que el avance del fallo representa un «ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial» por parte de la Justicia estadounidense. Pese al revés, el Gobierno nacional reafirmó su estrategia de agotar todos los recursos legales disponibles. De concretarse la ejecución de la sentencia, la pérdida del paquete mayoritario en YPF implicaría una redefinición estructural en la relación del Estado con la empresa energética más importante del país.
?La jueza Preska rechaza la solicitud de suspensión de los fallos de transferencia.
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 14, 2025
?Judge Preska denies motion to stay turnover rulings.
