El gobierno de Estados Unidos abrió este martes una investigación formal contra Brasil por presuntas prácticas comerciales injustas que, según Washington, estarían perjudicando a empresas digitales estadounidenses, exportadores agrícolas y productores de biocombustibles. El anuncio fue realizado por el representante comercial Jamieson Greer, quien detalló que la medida fue ordenada por el presidente Donald Trump en respuesta a barreras regulatorias que obstaculizan el comercio entre ambos países.
Brasil bajo la lupa por trabas a servicios digitales
Uno de los focos principales del reclamo está en las restricciones al comercio digital. Washington cuestiona regulaciones brasileñas que afectan la operación de plataformas tecnológicas estadounidenses, como el caso de la suspensión de Rumble, luego de que esta se negara a eliminar contenido señalado como desinformación. Según el comunicado oficial, estas acciones vulneran la libertad empresarial y representan un freno al desarrollo del ecosistema digital regional.
La investigación se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite a la Casa Blanca tomar medidas unilaterales si detecta prácticas que perjudican al comercio exterior norteamericano. Greer aseguró que el objetivo es “proteger a nuestras empresas, trabajadores, agricultores e innovadores tecnológicos de acciones injustas o arbitrarias”.
Tensiones por aranceles, propiedad intelectual y medioambiente
Otro punto de conflicto es el régimen de aranceles preferenciales que Brasil otorga a ciertos países sin criterios claros. Según la Oficina del Representante Comercial (USTR), esto genera una competencia desleal que deja en desventaja a los productores estadounidenses. Además, se cuestiona el debilitamiento del marco legal vinculado a la propiedad intelectual, señalando “fallos significativos” en su aplicación y control.
La ofensiva comercial también incluye reclamos por las nuevas tasas impuestas al etanol estadounidense, producto que anteriormente ingresaba con arancel cero. La Casa Blanca sostiene que estas tarifas no se aplican a otros países exportadores y afectan la competitividad del biocombustible norteamericano.
En materia ambiental, el documento acusa al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de no aplicar efectivamente las leyes que buscan detener la deforestación ilegal. Esto impactaría, según Estados Unidos, en los mercados de madera y productos agrícolas, al permitir prácticas que reducen los costos de producción brasileños a costa de estándares ambientales laxos.
El trasfondo político refuerza el tono del conflicto. La semana pasada, Donald Trump calificó como una “caza de brujas” el proceso judicial contra el ex presidente Jair Bolsonaro por su intento de revertir los resultados electorales de 2022. En una carta enviada a Lula, el mandatario estadounidense advirtió que podrían entrar en vigencia aranceles del 50% a las importaciones brasileñas si no se alcanza un acuerdo antes del 1° de agosto.
La investigación contra Brasil podría escalar en las próximas semanas si no hay señales de rectificación. Desde Washington ya anticiparon que se contemplan medidas correctivas si persisten las prácticas comerciales injustas que, según sostienen, ponen en riesgo la relación bilateral y el equilibrio competitivo en sectores clave para la economía estadounidense.
