El Congreso de la Nación comenzó a trabajar en una serie de proyectos de declaración para rechazar el reciente fallo judicial de los Estados Unidos que podría obligar al Estado argentino a entregar el 51% de sus acciones en YPF como parte de pago en un millonario juicio. Las iniciativas buscan blindar ese paquete accionario bajo el paraguas de la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones y exige la aprobación legislativa para cualquier cesión.
Los primeros textos fueron presentados tanto en Diputados como en el Senado por referentes del radicalismo y Encuentro Federal. El oficialismo y bloques provinciales ya anticiparon su apoyo. En cambio, el PRO y La Libertad Avanza todavía no definieron su postura.
Rechazo al fallo de Preska
En la Cámara Alta, el senador radical Maximiliano Abad presentó un proyecto que cuenta con el acompañamiento de su par Pablo Blanco. El texto califica como un «grave avasallamiento a la soberanía nacional» el fallo de la jueza Loretta Preska del tribunal del distrito sur de Nueva York, que ordenó que la Argentina utilice su participación mayoritaria en la petrolera estatal como parte de pago.
Desde la UCR advirtieron que el cumplimiento de la sentencia implicaría una vulneración del principio de inmunidad soberana reconocido por el derecho internacional. A través de un comunicado, el comité nacional del partido presidido por Martín Lousteau exhortó a todas las fuerzas políticas a “defender YPF como una causa común de los argentinos”.
El proyecto de Pichetto y las advertencias legales
En la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, presentaron otra iniciativa que exige que cualquier intento de ceder acciones de YPF sea aprobado por las dos terceras partes de cada cámara. Además, declara la nulidad absoluta de cualquier medida adoptada sin ese respaldo legislativo.
El proyecto también ordena al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen directa o indirectamente el desapoderamiento de acciones, en un intento de prevenir eventuales negociaciones fuera del Congreso.
El rol de los libertarios y el PRO
El PRO y La Libertad Avanza no fijaron aún una posición institucional. Desde el bloque amarillo señalaron que estaban evaluando los proyectos, aunque el exabogado del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, sostuvo que el fallo “viola principios constitucionales argentinos y norteamericanos” y que ninguna jueza puede “pedirle al Estado argentino que incumpla su propia ley”.
En el caso de los libertarios, fuentes parlamentarias reconocieron que no hay una “bajada de línea” desde la Casa Rosada. Sin embargo, el diputado de LLA Santiago Pauli encendió la polémica durante la última sesión al declarar que “la estatización de YPF fue un robo del kirchnerismo”, lo que generó una inmediata reacción.
Cruces y advertencias en el recinto
Pablo Juliano, de Democracia, respondió duramente al discurso de Pauli y llamó a no “hacer la chiquita” y pidió una resolución contundente del Congreso para proteger la soberanía energética del país. En esa misma línea, Pichetto recordó que lo que se dice en el recinto “repercute en el juicio” y advirtió que ciertos discursos podrían terminar como prueba en contra del país.
Además, remarcó que la estatización de YPF tuvo un respaldo mayoritario en ambas cámaras y que su mantenimiento es crucial para la estrategia energética actual. «Este gobierno necesita ese horizonte en materia de gas y petróleo», afirmó.
Apoyo transversal y posible votación antes del receso
Las iniciativas tienen respaldo de Unión por la Patria y bloques provinciales, lo que podría permitir su tratamiento antes del receso invernal. En caso de lograr quórum, el Congreso buscará aprobarlas tanto en Diputados como en el Senado con el objetivo de enviar una señal institucional clara a la Justicia estadounidense y a los acreedores.
De concretarse, el pronunciamiento legislativo serviría como herramienta legal y política para impedir cualquier intento de desprenderse del paquete accionario mayoritario de YPF sin intervención del Congreso.
