El proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) comenzó a tomar forma tras la publicación de los decretos 493 y 494 de 2025. Estas disposiciones establecen el marco normativo y autorizan el traspaso de la empresa al sector privado. Aunque el camino todavía tiene varias etapas por recorrer, el Gobierno espera adjudicar la concesión recién en 2026.
El decreto 493 define los deberes y atribuciones que tendrá el futuro operador privado. Entre ellos, se encuentran la elaboración de un plan de acción, la presentación de informes anuales ante el ente regulador, y la atención de reclamos de los usuarios. Además, se habilita por primera vez la posibilidad de cortar el suministro de agua en caso de mora de usuarios residenciales, una medida que busca hacer más atractiva la compañía para posibles inversores.
Al día siguiente, el Ejecutivo oficializó el decreto 494, que habilita la privatización total de AySA. La empresa estatal, que provee servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, es una de las ocho compañías sujetas a privatización según la Ley Bases. La venta estará a cargo del Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Cómo será el proceso de privatización
Según fuentes oficiales, el esquema previsto consta de dos grandes etapas. En primer lugar, se lanzará una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador que obtendrá, mediante contrato de concesión, el 51% de las acciones. Esta etapa, que requiere al menos 60 días desde el llamado, se concretará en el último trimestre del año.
En una segunda fase, el Ejecutivo colocará el 39% de las acciones en el mercado bursátil, mediante una oferta pública inicial. El 10% restante del paquete accionario quedará en manos de los trabajadores de la empresa, como parte del esquema previsto.
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, tendrá a su cargo la supervisión de todo el proceso. Desde la cartera económica aseguraron que se adoptarán las medidas necesarias para que la privatización no afecte la continuidad ni la calidad del servicio. “Se garantizará que el traspaso al sector privado no implique interrupciones para los usuarios del AMBA”, señalaron desde el entorno del ministro a TN.
Una decisión enmarcada en la crisis fiscal
La administración nacional justificó esta medida por la situación financiera crítica del Estado. En los considerandos del decreto, se menciona que AySA demandó transferencias del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023. Además, se apunta al “deterioro operativo y financiero” de la compañía como una razón de peso para avanzar en su privatización.
Fuentes allegadas al proceso admiten que la modificación del marco regulatorio busca “volver más atractiva” a AySA para inversores extranjeros. “Si quieren que sea un negocio rentable, había que adaptarlo”, explicó un funcionario.
El objetivo final del Ejecutivo es reducir el gasto estatal y fomentar la inversión privada en sectores estratégicos. Aunque la adjudicación definitiva se espera para 2026, el Gobierno ya comenzó a mover las piezas para garantizar que el proceso avance sin sobresaltos.
"El Gobierno tomó la decisión de iniciar con la privatización de AYSA"
— Corta (@somoscorta) July 18, 2025
Manuel Adorni anunció que "se incorporará capital privado al 90% de las acciones" de los saneamientos, destacó que la medida incluye "la permanencia de los empleados" y justificó: "Hubo un fuerte deterioro". pic.twitter.com/u15rNd3XIx
