El Gobierno de Javier Milei evalúa acudir a la Corte Suprema de Justicia para frenar la orden de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital. Según fuentes judiciales, una de las estrategias más firmes sobre la mesa es presentar una acción declarativa de certeza, un mecanismo legal que permitiría al máximo tribunal intervenir directamente para impedir la ejecución del fallo en base a la Ley 26.741.
Esa norma, sancionada en 2012, establece que cualquier transferencia de acciones de YPF requiere una aprobación con los dos tercios del Congreso. Las acciones se encuentran actualmente depositadas en la Caja Nacional de Valores, que podría ser instruida para no realizar la transferencia.
Rosatti, doctrina y soberanía
La acción judicial permitiría ganar tiempo mientras se prepara una apelación formal ante la Cámara de Nueva York. Esta vía fue respaldada por sectores parlamentarios de la oposición dialoguista, que pidieron evitar confrontaciones innecesarias y preservar una política de Estado. Según el análisis que circula en la Casa Rosada, la doctrina del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sobre la inmunidad de ejecución de los Estados podría ser clave para sostener la defensa argentina.
Rosatti ha escrito que, aun cuando un país acepte la jurisdicción de otro, eso no habilita automáticamente que se embarguen bienes soberanos, dado el impacto internacional que tendría una medida de ese tipo. En su libro Tratado de Derecho Constitucional, el magistrado subraya que esa inmunidad no puede ser desconocida sin una renuncia expresa.
Debate interno y apoyo político
Durante este fin de semana largo, el presidente Milei, junto a su asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, el procurador Santiago Castro Videla y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, mantuvo reuniones para definir la mejor estrategia legal. El objetivo es evitar cualquier escenario de desacato ante la justicia estadounidense, mientras se afirma la posición soberana del país.
En paralelo, voces como la del senador radical Maximiliano Abad y legisladores de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el bloque Federal coincidieron en señalar que el fallo de Preska vulnera la soberanía jurídica argentina. El senador Abad advirtió que el artículo 10 de la ley de expropiación de YPF exige aval parlamentario para transferencias, lo que haría inválida la entrega de acciones sin esa condición.
Causas abiertas y rol de la oposición
Además del frente internacional, el oficialismo también explora respaldos en causas locales. El ex procurador del Tesoro durante el macrismo, Bernardo Saravia Frías, sugirió que una eventual citación judicial a Axel Kicillof y otros funcionarios del kirchnerismo —como Carlos Zannini y Roberto Baratta— por su rol en la estatización de YPF en 2012 podría fortalecer la posición argentina en Nueva York.
Esa causa fue iniciada por Elisa Carrió en 2012, pero nunca avanzó en los tribunales. El exfuncionario también propuso que el Congreso ratifique la jurisdicción soberana del país, sin caer en “shows nacionalistas”.
El vínculo con Trump y la carta de Giuffra
Otro elemento que genera expectativa en la Casa Rosada es el vínculo del presidente Milei con Donald Trump. El abogado que representa a la Argentina en esta causa, Robert Giuffra Jr., es parte del entorno legal del expresidente norteamericano. Si el caso llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, esa relación podría incidir en la admisión del recurso.
El gobierno argentino espera que la Corte norteamericana pueda intervenir antes de que la jueza Preska inicie embargos concretos. En ese sentido, también se aguarda la respuesta de Burford prevista para este lunes, tras el pedido argentino de suspender la ejecución.
Cuatro líneas de defensa en estudio
La estrategia del Gobierno contempla cuatro frentes:
- Acción de certeza ante la Corte Suprema argentina, basada en la ley 26.741.
- Apelación formal ante la Cámara de Nueva York, sin desacato judicial.
- Ratificación legislativa de la soberanía jurisdiccional, con apoyo político transversal.
- Reactivación de causas judiciales por la estatización de YPF en 2012, para demostrar irregularidades.
Mientras tanto, se mantiene en suspenso la decisión final, que podría anunciarse entre el lunes y el martes. Todo dependerá de la respuesta del fondo buitre y de las evaluaciones políticas que haga el propio Milei.
