«Controlado ya no hay más nada», fue la frase que deslizó un referente de la oposición en el Senado el martes pasado, validada incluso por figuras del oficialismo. La Cámara Alta vivió jornadas de máxima tensión política cuando un conglomerado de legisladores kirchneristas, radicales, peronistas sueltos y hasta antiguos «dialoguistas» destrabaron proyectos que incomodan al Gobierno y lo exponen a su mayor debilidad institucional.
Desde el martes hasta el jueves, el Senado comenzó a tratar leyes sensibles: mejoras a las jubilaciones, reactivación de la moratoria previsional y declaración de la emergencia en discapacidad. Además, avanzaron dos propuestas clave impulsadas por gobernadores: una nueva distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación de fideicomisos con fondos redirigidos a las provincias.
Fin del superávit y alarma interna
En conjunto, los proyectos amenazan el pilar central del discurso económico oficial: el superávit. Según cálculos internos del Gobierno, solo las primeras tres leyes pondrían fin a ese equilibrio fiscal, tan defendido por Javier Milei desde que asumió.
«Estoy de acuerdo con la emergencia en discapacidad. Ahora, ¿usted hizo las cuentas de lo que implica esa ley? ¿Sabe lo que significa convertir el bono previsional en un derecho permanente?», se preguntó en voz alta un senador radical. «A mí me prometieron una cosa y, a los dos minutos, ya estaba ocurriendo otra. Así estamos», agregó, en referencia al quiebre de los acuerdos previos.
Sin control, sin estrategia
El oficialismo, por su parte, reconoció estar en alerta. «Estamos preocupados, pero tampoco nos cortamos las venas», admitió una fuente libertaria. La postura del Gobierno en el Congreso, como se anticipó desde el inicio de la gestión, se ha basado en avanzar sin construir consensos, rompiendo puentes incluso con sectores aliados.
Con ese esquema, la pérdida de control en el Senado era una bomba de tiempo. Lo que comenzó como una gestión que nadaba sin resistencia en el terreno arrasado por gobiernos anteriores, ahora enfrenta una resistencia articulada. En paralelo, la interna libertaria ya opera en clave electoral.
Entre el desorden y la urgencia
La oposición, lejos de mantenerse pasiva, presiona para sesionar. Mientras tanto, el jefe del bloque oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), planea impugnar la reunión autoconvocada de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que él preside. Si lo logra, el futuro de esa comisión quedará en manos de Victoria Villarruel, vicepresidente y titular del Senado.
Lo mismo ocurrirá con el intento opositor de forzar una sesión en los próximos días. En el oficialismo todos se preguntan si el Ejecutivo buscará frenar el avance mediante el veto, o si, como ya ocurrió en 2024, dejará correr los procesos parlamentarios para luego reaccionar con sanciones políticas.
Crisis de poder en la Cámara Alta
«Quieren que el Congreso esté cerrado lo máximo posible y después nos putean por los sueldos», lanzó con dureza uno de los protagonistas de la semana. «Se cuelgan la medalla cuando ganan y dan vuelta el relato cuando pierden. En la vida no podés quedarte con todo. Eso sí que suena a cositas del pasado», concluyó.
La crisis en el Senado no es solo institucional, sino también simbólica: pone en cuestión el relato de una administración que, sin mayorías propias, apostó a gobernar por imposición. Con una oposición que empieza a coordinarse y aliados que ya no responden a los gestos libertarios, el Congreso vuelve a emerger como un obstáculo real para la Casa Rosada.
