El Gobierno nacional reafirmó su intención de mantener el diálogo con los gobernadores, en medio de los reclamos por la caída de la recaudación y el impacto en los recursos provinciales. Sin embargo, desde la Casa Rosada advirtieron que los proyectos legislativos impulsados por sectores provinciales para coparticipar los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles «no son viables«, ya que implicarían una transferencia de recursos que la administración libertaria considera inaceptable.
Fuentes oficiales señalaron que esas iniciativas, que actualmente avanzan en el Senado, representarían una cesión de «casi dos puntos del PBI» hacia las provincias. «Eso no está dentro de las prioridades del Gobierno nacional. Además, si se trata de una modificación impositiva, el trámite legislativo debe comenzar por la Cámara de Diputados», aclararon voceros de la gestión a NA.
También remarcaron que aún «quedan instancias de diálogo legislativo por atravesar», antes de que los proyectos lleguen al recinto, lo que fue interpretado como un llamado a frenar el avance apresurado de las propuestas en el Congreso y sostener el diálogo entre los gobernadores y los miembros del Gobierno.
El Gobierno no arreglará las rutas
Otro punto central de los reclamos de los mandatarios provinciales tiene que ver con la necesidad urgente de reactivar las obras públicas de mantenimiento vial. En ese sentido, desde el Ejecutivo reconocieron que «el estado de las rutas nacionales es calamitoso» y que se trata de una demanda legítima. No obstante, insistieron en que «primero hay que resolver la macroeconomía» antes de avanzar con proyectos de infraestructura.
«El país atraviesa una crisis profunda que heredamos, por eso ahora el foco está puesto en ordenar las cuentas. Recién después podremos encarar con mayor fuerza las obras de mantenimiento», justificaron desde el Gobierno ante la consulta de la mencionada agencia al respecto.
Consultados sobre el futuro de Vialidad Nacional, los funcionarios indicaron que aún no hay definiciones concretas, pero confirmaron que el Gobierno analiza «unificar dependencias y funciones» dentro del esquema de obras públicas. La idea, explicaron, responde a la lógica de reducir organismos que actualmente superponen tareas y estructuras.
«Todavía no está decidido si Vialidad se disuelve como organismo o si pasa a depender directamente de la Secretaría de Obras Públicas», explicaron. En cualquier caso, la prioridad oficial sigue siendo reducir el gasto y racionalizar el funcionamiento del Estado.
