El juicio por la expropiación de YPF vuelve a generar tensión en la Casa Rosada. El Gobierno espera un nuevo fallo adverso de la jueza Loretta Preska, quien lleva adelante la causa en Nueva York. En el entorno de Javier Milei aseguran que la sentencia sería negativa y apuntan contra sectores internos, a quienes califican como “buitres domésticos” por favorecer la posición del fondo demandante.
La estrategia oficial descarta cualquier tipo de acuerdo con Burford Capital, el litigante que ya consiguió una condena por USD 16.000 millones. “Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses del país”, afirman cerca del Presidente. A esto se suma un nuevo intento diplomático: volver a conseguir el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, como ya ocurrió en 2023.
Impacto político y tensiones internas en el caso YPF
El Gobierno apunta directamente contra Axel Kicillof, exviceministro de Economía en 2012 y actual gobernador bonaerense, por sus recientes declaraciones públicas. Según fuentes oficiales, sus dichos ya fueron utilizados por Burford como argumento frente a la jueza. Desde la Procuración del Tesoro, que lidera Santiago Casto Videla, confirmaron que el escrito de los demandantes cita textualmente su conferencia de prensa.
También hay críticas internas hacia exfuncionarios y exprocuradores que reaparecieron con opiniones públicas. “No es momento para hablar, no ayudan. Debieron hablar en su momento, no ahora”, sostienen en la Casa Rosada. Aseguran además que el equipo legal del Estado actúa con coordinación y unidad, pese a las versiones que buscan instalar diferencias internas.
Sin negociación con Burford y foco en el respaldo internacional
La defensa argentina insiste en que no se negociará con Burford. Rechazan cualquier tipo de contacto, incluso cuando desde el fondo envían señales de apertura. Según fuentes vinculadas al expediente, años atrás Burford habría aceptado cerrar el caso por menos de un cuarto del monto actual, que ya supera los USD 17.000 millones con intereses acumulados.
En simultáneo, el equipo jurídico analiza diferentes escenarios posibles. Si Preska no suspende la sentencia, Argentina apelará ante la Cámara. El riesgo es que se exijan garantías previas, algo que el país no está en condiciones de ofrecer y que podría derivar en un desacato judicial.
A la par, el Gobierno busca reactivar el apoyo internacional. La Cancillería intenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos vuelva a presentar un escrito a favor de la posición argentina, como lo hizo en noviembre de 2023. En ese momento, se argumentó que entregar las acciones de YPF violaría principios de inmunidad soberana.
YPF, en el centro de la disputa legal y diplomática
Aunque la empresa no es parte directa del juicio, la jueza Preska ya ordenó que el 51% de las acciones estatales en YPF pasen a Burford como parte de pago. El Gobierno evita cualquier contacto formal con la petrolera para no reforzar el argumento del “alter ego”, es decir, que el Estado y la compañía actúan como una misma entidad.
También se evalúa sumar nuevos amicus curiae. En el pasado, países como Uruguay y Paraguay respaldaron a Argentina en esta causa. La diplomacia argentina trabaja ahora para incorporar voces europeas que puedan reforzar el pedido de suspensión del fallo.
Mientras tanto, en la Casa Rosada dan por hecho que Preska volverá a fallar en contra del país. Pese a eso, el mensaje es firme: no se negocia con Burford, no se entrega YPF y la estrategia judicial se mantendrá hasta el final. El nombre de Javier Milei queda así en el centro de un conflicto que mezcla deuda histórica, litigio internacional y tensiones políticas internas.
