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POLÍTICA

El PJ pedirá el juicio político a Sandra Arroyo Salgado por la detención de militantes K

La jueza detuvo a los militantes que atacaron la vivienda de José Luis Espert y el peronismo lo consideró un «mal desempeño» de sus funciones.

Sandra Arroyo Salgado

El Partido Justicialista (PJ) presentará en las próximas horas un pedido formal de juicio político contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de cinco militantes kirchneristas acusados de haber atacado el domicilio del diputado nacional José Luis Espert. La presentación será impulsada por los legisladores y consejeros del Consejo de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes acusan a la magistrada de incurrir en un «mal desempeño» de sus funciones e incumplimiento de deberes.

La denuncia apunta directamente a la actuación de la magistrada por haber dispuesto la detención de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes participaron de una acción simbólica frente al domicilio de Espert, en San Isidro, el pasado 17 de junio. Durante la manifestación, los militantes arrojaron excremento de caballo frente a la casa del legislador y repartieron volantes con la leyenda «Espert sos una mierda, con CFK no se jode».

Entre los detenidos se encuentra Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y cercana a la intendenta Mayra Mendoza. También fue arrestada Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La causa generó una fuerte reacción dentro del oficialismo, que considera que la medida judicial no sólo fue excesiva, sino que tiene un trasfondo político.

Presentación contra Sandra Arroyo Salgado

En su presentación ante el Consejo de la Magistratura, Recalde y Siley sostendrán que se trató de una intervención judicial que criminaliza el activismo político y apunta a disciplinar a los sectores opositores. Según los consejeros, la jueza mantuvo incomunicadas a las detenidas en una cárcel de máxima seguridad, a pesar de que el hecho en cuestión podría, en todo caso, encuadrarse como una contravención de orden municipal y no como un delito penal.

«La detención de militantes por acciones simbólicas no violentas configura un acto de persecución judicial y constituye un grave antecedente institucional», señalaron voceros del PJ a NA. El caso, que ya generó controversia en el ámbito político y judicial, ahora abrirá un nuevo frente en el Consejo de la Magistratura, donde la denuncia contra Arroyo Salgado buscará avanzar con el pedido de juicio político.