La disputa judicial por YPF en Nueva York sigue escalando y suma nuevos protagonistas. Luego del fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Petersen/Eton y Bainbridge, otro grupo de acreedores con sentencias firmes por deuda en default solicitó intervenir sobre los mismos activos.
La información fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y analista especializado en litigios contra el Estado argentino. Según detalló, estos nuevos fondos pretenden que la justicia estadounidense les permita tomar posesión de parte del paquete accionario estatal en YPF, invocando fallos judiciales anteriores a los del caso de la expropiación.
Fondos con fallos previos a la causa YPF
Maril explicó en su cuenta de X que se trata de fondos que ya tienen sentencias firmes por bonos impagos y buscan participar de la ejecución del principal activo estatal en disputa: las acciones de YPF. «Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Además, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores», explicó.
Según el reporte de Latam Advisors, los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee presentaron un escrito ante la jueza Preska para obtener una orden de tipo “me too”, una figura judicial que replica un fallo existente para permitir que otros litigantes accedan al mismo mecanismo de ejecución.
Una nueva puja por el control estatal
La controversia radica en que estos fondos no formaron parte del proceso por la expropiación de YPF ni del juicio Bainbridge. Sin embargo, sí lograron fallos favorables en Estados Unidos por deuda soberana impaga. Por eso, ahora reclaman prioridad en el cobro al señalar que sus sentencias son anteriores en el tiempo.
Los demandantes sostienen que el Estado argentino continúa en situación de default respecto a esos fallos y que, por lo tanto, las acciones de YPF constituyen un activo legítimo para ser ejecutado en compensación.
«El grupo de acreedores solicita a la jueza que obligue al Gobierno a entregar parte de las acciones de YPF como forma de pago. Lo novedoso es que sus fallos judiciales son previos a los del caso Petersen/Eton, lo que abre un debate sobre la prelación en el cobro», destacó el informe de Latam Advisors.
Impacto sobre el futuro de la petrolera estatal
Este nuevo frente judicial se abre pocos días después de que la misma jueza Preska dictaminara que el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino deben ser entregadas a los ganadores del juicio por la expropiación de 2012. Aquella sentencia desató fuertes repercusiones tanto en el ámbito jurídico como en el político y económico.
Ahora, con más actores reclamando la ejecución de esos mismos activos, se suma un conflicto adicional: determinar a quién le corresponde primero el derecho a cobrar con el paquete accionario de la petrolera estatal.
El Gobierno argentino ya pidió suspender el fallo
Mientras se acumulan los reclamos, el Gobierno nacional ya presentó una solicitud para frenar la ejecución del fallo dictado por Preska. Argumenta que resulta jurídicamente inaplicable por tratarse de activos estratégicos del Estado argentino cuya transferencia sería inviable.
Desde el oficialismo se advirtió además que se trata de una maniobra impulsada por fondos buitre que buscan aprovecharse del entramado legal estadounidense para apropiarse de activos clave de la Argentina. El planteo busca frenar la entrega del 51% de las acciones, mientras se prepara una estrategia de apelación.
Debate por la prelación y la legalidad de la ejecución
La presentación de estos nuevos acreedores también incluye un cuestionamiento sobre el orden de prelación en los pagos. Al haber obtenido sentencias previas, los fondos buscan ser considerados con mayor prioridad en la ejecución de los bienes estatales.
Latam Advisors advirtió que esta situación podría complejizar el panorama legal del caso YPF. “Lo que hace interesante esta presentación es que los fallos que exhiben los nuevos fondos preceden a las causas Petersen y Bainbridge. El contexto abre un debate adicional sobre el alcance de futuras ejecuciones”, señalaron.
Un escenario aún abierto
Por ahora, la jueza Preska no se pronunció sobre la nueva solicitud. Sin embargo, el planteo de los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee pone en jaque la estrategia legal argentina y anticipa una nueva batalla judicial por el destino del control estatal de YPF.
