La investigación por corrupción en el Senado de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Tras 15 meses de espera sin respuestas por parte de la Cámara Alta, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción decidió desdoblar la causa que involucra a la legisladora radical Flavia Delmonte. La medida apunta a enviar a juicio oral a su principal colaborador, Kevin Alan Razimoff, mientras se aguarda que la senadora pierda los fueros al finalizar su mandato en diciembre.
El fiscal Mario Rafael Pérez tomó la decisión de separar el expediente luego de que el Senado bonaerense, controlado por sectores políticos afines a Delmonte, se negara sistemáticamente a tratar el pedido judicial de desafuero. Durante más de un año, el cuerpo legislativo no solo evitó darle estado parlamentario al requerimiento, sino que tampoco remitió respuestas a la Justicia, ni siquiera para rechazar formalmente la solicitud.
Silencio institucional y encubrimiento político
Desde que la investigación comenzó, la Fiscalía enfrentó múltiples obstáculos institucionales. El Senado se negó a entregar los listados de empleados vinculados a Delmonte, los datos de su bloque (Cambiemos), e incluso los nombres de los integrantes de la comisión que presidía. Además, retacearon reglamentos internos e información básica del personal, y ocultaron deliberadamente datos en planillas clave sin dejar constancia de quién tomó esa decisión.
El fiscal Pérez denunció que estas maniobras «provocaron demoras e irregularidades graves» en una causa que investiga una presunta defraudación contra la administración pública provincial, con el uso de empleados ficticios o prestanombres —los llamados “ñoquis”— para desviar fondos. También acusó al Senado de proteger a Delmonte para evitar avances judiciales.
Quién es Kevin Razimoff, el asesor en la mira
En paralelo a la espera por el desafuero, Pérez solicitó que Razimoff sea enviado a juicio oral, mientras pidió el sobreseimiento de otro colaborador, Gonzalo Torrijo Fuertes. Ambos fueron parte del círculo íntimo de Delmonte. La definición sobre estas situaciones recae ahora en el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, quien ya había convalidado el pedido de desafuero de la legisladora.
Según la acusación, Razimoff operó desde el Senado el homebanking de Tamara Yanina Arce, una exempleada que denunció el esquema de corrupción. El acceso digital llevaba el nombre de usuario “flaviadelmonte2015” y fue rastreado hasta computadoras en el Senado y en domicilios de Razimoff en Gonnet y San Bernardo. Mediante esa cuenta se intentó obtener un préstamo de $252.000, frustrado por los plazos administrativos durante la pandemia.
La maniobra, según la Fiscalía, no se limitó al caso Arce: habría al menos cinco supuestos empleados más implicados, cuyas cuentas también fueron operadas desde el entorno de la senadora. Todos los imputados negaron los cargos en la indagatoria.
El blindaje político a Delmonte y la estrategia judicial
Pese al cúmulo de pruebas, nunca se indagó formalmente a la senadora Delmonte. El motivo: aún goza de fueros. Y aunque su desafuero se solicitó por la Justicia desde febrero del año pasado, el Senado bonaerense evitó todo tratamiento al respecto. Su mandato finaliza en diciembre, y no lograría renovar.
Desde los tribunales de Dolores advirtieron que la investigación avanza «en lo posible», pero que sin desafuero no se puede concretar la imputación contra Delmonte, tal como exige la ley. Sin embargo, aseguran que una vez finalizado su mandato, la causa volverá a acelerarse.
La senadora se defiende asegurando que todo responde a una operación política: “Yo era la candidata natural de mi espacio para la intendencia del Partido de la Costa. Esta causa penal se armó para sacarme de carrera”, declaró. También denunció seguimientos por parte de la Policía Federal, aunque desde la Fiscalía aclararon que los agentes solo seguían a su asesor Razimoff, bajo orden judicial.
Una denuncia que arrastra apoyos incómodos
Delmonte inició su carrera bajo el ala de Maximiliano Abad, titular del Comité Provincia de la UCR, aunque en su distrito suele actuar de la mano del peronista Juan de Jesús. En las presidenciales de 2023 incluso respaldó públicamente a Javier Milei en el balotaje.
El antecedente más cercano es el del también senador radical Antonio Armando Nieto, condenado por un esquema similar: se quedó con los sueldos de al menos 39 “ñoquis” y recibió cuatro años y tres meses de prisión.
Mientras tanto, la causa de Delmonte sigue en suspenso, atrapada entre las pruebas acumuladas por la Justicia y el silencio parlamentario que busca protegerla.
