El Gobierno argentino logró un importante respaldo internacional en uno de los frentes judiciales más delicados que enfrenta en el exterior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó que volverá a intervenir como amicus curiae a favor de la Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en el marco de la causa por la expropiación de YPF.
El apoyo apunta a frenar el pedido de Burford Capital, fondo que busca quedarse con el 51% de las acciones que el Estado nacional posee en la petrolera. En 2023, ese fondo fue declarado beneficiario del fallo dictado por la jueza Loretta Preska, quien condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se ejecutó la estatización de YPF durante el kirchnerismo.
Aunque el DOJ ya había intervenido en octubre del año pasado —cuando aún gobernaba Joe Biden— su nuevo pronunciamiento representa un gesto clave en medio del proceso de apelación iniciado por el Gobierno. El documento con los argumentos estadounidenses será presentado en los próximos días.
Qué dijo Estados Unidos
La intervención busca influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de Preska, al menos hasta que se resuelva la apelación iniciada por la Procuración del Tesoro. Así lo explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, al remarcar que el apoyo norteamericano no se extendería a la apelación del fallo principal, sino exclusivamente a la orden de traspaso de acciones.
En su intervención de 2023, el Gobierno estadounidense había señalado que acceder al pedido de Burford violaría las normas de inmunidad soberana. En ese entonces, el fiscal Damian Williams advirtió que los tribunales norteamericanos no tienen competencia para ordenar la ejecución de bienes de Estados soberanos ubicados en su propio territorio. La jueza Preska, sin embargo, desoyó esa recomendación.
Una estrategia diplomática más amplia
El respaldo estadounidense se enmarca en una estrategia coordinada por la Cancillería y la Procuración del Tesoro, que busca sumar nuevos apoyos internacionales. Aunque aún no hay confirmación oficial, trascendió que países como Uruguay, Paraguay y El Salvador podrían sumarse como amicus curiae. También se mencionan nombres de peso en Europa: Italia, Francia y Alemania.
Este frente diplomático-judicial intenta contrarrestar el avance del litigio iniciado por Burford Capital, que compró los derechos del juicio tras la estatización de YPF, alegando que el Gobierno argentino no respetó los estatutos societarios al no lanzar una oferta pública de adquisición (OPA).
El antecedente que no alcanzó
El apoyo de Washington en 2023 no logró frenar a la jueza Preska, quien hace apenas 10 días ordenó el traspaso de acciones a Burford. Como en otras causas —la más recordada, la de los fondos buitre con el juez Griesa—, la Justicia estadounidense puede considerar los aportes de los amicus, pero no está obligada a acatarlos.
Aun así, el respaldo diplomático es clave. El Gobierno argentino apuesta a que este nuevo pronunciamiento incline la balanza de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en un conflicto judicial que mantiene en vilo el futuro de la petrolera estatal y la posición internacional del país.
