Doce bolsas de comercio de todo el país, entre ellas las de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, emitieron un duro comunicado en rechazo a la reforma jubilatoria sancionada por el Senado, que incluyó una modificación al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Para las entidades, el cambio implica una «amenaza directa al financiamiento PyME y al empleo», afectando a uno de los instrumentos más federales de crédito para las pequeñas y medianas empresas.
El texto, firmado también por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Chaco, Bahía Blanca, Corrientes y BYMA, cuestiona que la medida fue impulsada «sin debate ni consultas», y advierte que representa un retroceso significativo en términos de desarrollo productivo. Según detallaron, el sistema de SGR ha asistido a más de 100.000 MiPyMEs, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo.
Advertencia por el empleo y el impacto fiscal
Para las entidades firmantes, la modificación aprobada por el Congreso «aniquila un sistema virtuoso de financiamiento» que combinaba eficiencia, compromiso patrimonial y retorno fiscal. La eliminación de exenciones impositivas a los aportantes de las SGR —establecida en el artículo 10 de la ley— podría desfinanciar el sistema, que hoy respalda uno de cada tres préstamos a pyme en Argentina.
«El supuesto ‘costo fiscal’ es apenas del 0,02% del PBI», señalaron, mientras recordaron que las empresas financiadas tributan impuestos que compensan largamente esa cifra. De hecho, remarcaron que el crédito productivo apenas representa el 11% del PBI argentino, y que sin las SGR ese porcentaje sería todavía menor.
Tensiones políticas y veto presidencial
La inclusión de esta cláusula en una ley previsional encendió alarmas entre las entidades del mercado y el sector pyme, que cuestionan que se haya vinculado el financiamiento empresarial con el aumento de haberes previsionales. En su discurso del jueves por la noche en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma en su conjunto, cuestionando la estrategia del bloque opositor que impulsó el proyecto, con el kirchnerismo a la cabeza.
Ignacio Pérez Riba, secretario de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog), sostuvo que el sistema de SGR no solo es eficiente en términos fiscales, sino que genera una «externalidad positiva» al estimular el empleo, la producción y la recaudación tributaria. Según sus datos, el costo anual de las exenciones para el Estado es de apenas USD 136 millones.
«Sin el respaldo de las SGR, miles de pequeñas empresas quedarán fuera del sistema financiero», advirtió, y sumó que el esquema lleva tres décadas funcionando con buenos resultados, como un puente entre las pyme y el crédito bancario o bursátil.
Las entidades firmantes exigieron una rectificación legislativa urgente, advirtiendo que, de no hacerlo, se pondrá en riesgo la continuidad de miles de negocios y puestos de trabajo en todo el país.
