El Gobierno de Javier Milei se encuentra ante una nueva encrucijada parlamentaria. Luego de que el Senado aprobara la semana pasada una serie de proyectos clave, entre ellos el aumento de las jubilaciones, un bono complementario, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, ahora el foco está puesto en el próximo paso del Poder Ejecutivo.
Las leyes deberán ser giradas desde la Cámara Alta a la Casa Rosada para su promulgación o, en su defecto, para que el Presidente avance con el veto, tal como anticipó en declaraciones recientes. De acuerdo con la normativa vigente, el mandatario cuenta con un plazo de diez días hábiles para formalizar la decisión de rechazar total o parcialmente los proyectos.
Según confiaron fuentes parlamentarias a Infobae, el Senado enviaría los textos a mediados de esta semana. De cumplirse ese cronograma, el veto presidencial debería ser firmado y publicado en el Boletín Oficial a más tardar el próximo 30 de julio. En ese sentido, la Casa Rosada gana margen para negociar contrarreloj con gobernadores y bloques dialoguistas durante el receso invernal del Congreso.
Una estrategia que combina tiempos políticos y técnicos
El retraso en el envío de los proyectos responde a dos factores. Por un lado, un motivo técnico: el Senado debe certificar que los textos aprobados coincidan exactamente con lo votado en el recinto. Sin embargo, como no hubo modificaciones, este paso no debería demorarse. La cuestión de fondo es política. La demora habilita una ventana para recomponer alianzas y garantizar los votos necesarios para sostener un posible veto en la Cámara de Diputados.
Dentro del oficialismo analizan que tienen un escenario mixto. Por un lado, la reciente alianza con el PRO para las elecciones bonaerenses fortalece la relación con un bloque clave, que difícilmente se posicione en contra de los intereses de La Libertad Avanza en plena campaña. Con ese respaldo, sumado a los diputados propios, el oficialismo asegura cerca de 74 votos. No obstante, para blindar el veto necesita al menos 87 votos.
En números concretos, el aumento jubilatorio obtuvo en su momento 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones en Diputados. Para insistir y rechazar el veto presidencial, la oposición debería reunir 172 votos. Un desafío complejo, pero no imposible si el clima político sigue tensándose.
La oposición se reorganiza y apuesta al malestar interno
Mientras tanto, los bloques que impulsaron los proyectos se muestran optimistas. Creen que tienen altas chances de sostener la suba del 7,2% para jubilados, el incremento del bono de 70.000 a 110.000 pesos y la emergencia en discapacidad. En cambio, reconocen que la moratoria previsional es el punto más frágil, ya que su aprobación inicial fue producto de un descontento general más que de un acuerdo político sólido.
En este escenario, el oficialismo deberá extremar su capacidad de negociación si no quiere comenzar el segundo semestre con una nueva derrota parlamentaria. La estrategia se centra en retener votos propios, sellar abstenciones y reforzar la alianza con bloques federales y diputados sueltos. Al mismo tiempo, la oposición apuesta a que el creciente malestar interno erosione la disciplina de los legisladores alineados con Milei.
De esta forma, el futuro de las leyes jubilatorias y sociales se definirá en un calendario ajustado. Si todo avanza como está previsto, el Congreso girará los proyectos al Ejecutivo en las próximas horas y el reloj empezará a correr. Hasta el 30 de julio, la Casa Rosada podrá vetar las iniciativas. Después, la disputa volverá al recinto de Diputados, donde se medirá la solidez del “bloque veto” que diseñan Milei y sus operadores políticos.
Queda aprobado con 56 votos afirmativos y 1 voto negativo en general el proyecto de ley que incorpora el art. s/n de su similar 11672 sobre la distribución automática de los recursos del fondo de aportes del tesoro de la Nación a las provincias
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 11, 2025
