A menos de diez días de una instancia clave para definir al próximo Defensor del Niño, la Cámara de Diputados negó el uso del recinto legislativo donde debería realizarse el examen de más de 200 postulantes. La negativa fue confirmada este martes por la diputada Natalia Sarapura (UCR-Jujuy), presidenta de la comisión bicameral a cargo del proceso, y generó desconcierto en todos los bloques.
El concurso —previsto para el viernes 1 de agosto— se encuentra contra reloj. La sede natural del evento ha sido históricamente el recinto de Diputados, pero las autoridades de la Cámara informaron que se encuentra en «refacción». El problema es que, de no confirmarse un espacio con capacidad y condiciones adecuadas, la bicameral deberá recurrir a instituciones externas como la UBA o el Colegio Público de Escribanos, lo cual implicaría una serie de complicaciones logísticas, presupuestarias y de transparencia.
Vacaciones, silencio legislativo y tensiones internas
En plena recesión invernal, la comisión logró reactivar el debate legislativo con una reunión realizada este martes en el anexo de la Cámara baja. Allí se discutieron aspectos técnicos del examen: modalidad, presencia de escribano público, transmisión en vivo y resguardo de las preguntas hasta último momento para evitar filtraciones.
Pero el eje del encuentro pasó por la inesperada traba que impuso la Cámara que preside Martín Menem (La Libertad Avanza), que se negó a prestar el salón de sesiones. La senadora oficialista Vilma Bedia (también de Jujuy), reclamó públicamente que se hagan los esfuerzos necesarios para revertir la situación. Pero su intervención se desacreditó cuando le recordaron que el concurso ya se había realizado en el recinto en 2019.
Incluso desde sectores de la oposición y el kirchnerismo expresaron su preocupación y coincidieron en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para una instancia que definirá un cargo clave en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Acusaciones cruzadas y sospechas políticas
«Nos han informado que no vamos a poder utilizar el recinto porque se está reacondicionando», informó Sarapura durante la sesión. Sin embargo, la excusa no convenció. La senadora kirchnerista Stefanía Cora acusó directamente al oficialismo de intentar entorpecer el proceso: «El lugar natural del concurso es el recinto, y no podemos estar dando vueltas a menos que haya un deseo manifiesto de que esto no funcione».
El libertario Álvaro Martínez, presente como reemplazo de una diputada de su bancada, también reconoció que el salón de sesiones sería el espacio ideal, aunque desligó de responsabilidades a Menem. «No es mala voluntad», aseguró.
Frente a la incertidumbre, Sarapura solicitó una última comunicación formal al presidente de la Cámara baja, exigiendo una respuesta concreta antes del viernes. En caso de una nueva negativa, se activará el plan B: pedir salones a la Universidad de Buenos Aires o al Colegio de Escribanos, aunque eso implicaría asumir costos y tiempos difíciles de afrontar.
Falta de presupuesto y sin registro audiovisual
Otro problema no menor es que la comisión bicameral todavía no cuenta con presupuesto asignado para el 2025. Esto complica aún más la posibilidad de alquilar un salón externo con condiciones mínimas: espacio para 200 personas, buena acústica, grabación fílmica certificada y presencia de personal técnico.
Desde distintos bloques advirtieron que no garantizar la transparencia y trazabilidad del examen podría dar lugar a impugnaciones futuras, afectando la validez del proceso. La gravedad del caso radica en que el cargo de Defensor del Niño está vacante desde la salida de Marisa Graham, quien había autoprorrogado su mandato y fue removida por esta misma bicameral tras un año de paralización institucional.
La falta de voluntad política para resolver cuestiones básicas, como el lugar físico para tomar un examen, expone una vez más las limitaciones del Congreso. Si no se logra revertir esta situación antes del viernes, será otro papelón para una clase dirigente que ni siquiera puede garantizar condiciones mínimas para elegir al funcionario que debe velar por los derechos de los más vulnerables.
