La decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, de apartar a 24 policías abrió un nuevo capítulo de sospechas sobre la manipulación política de la fuerza por parte del kirchnerismo. El funcionario intentó justificar la medida alegando una supuesta filtración de información sensible a legisladores de La Libertad Avanza. Sin embargo, la maniobra exhibe más motivaciones partidarias que pruebas concretas.
En diálogo con Infobae en Vivo, Alonso aseguró que los efectivos desafectados «comenzaron a brindar asesoramiento en seguridad» y que «facilitaron información a legisladores sobre operativos». Pero detrás de esos dichos, se esconde una ofensiva del gobierno de Axel Kicillof contra sectores de la fuerza que no responden ciegamente a su conducción política.
La acusación: una “consultora” dentro de la fuerza
Alonso sostuvo que los implicados crearon una suerte de “consultora política” dentro del área ambiental de la Policía, con ramificaciones hacia el espacio libertario. El ministro aclaró que no fueron despedidos sino pasados a disponibilidad, mientras se los investiga. Pero la denuncia, basada en un anónimo, no detalla delitos concretos, sino la supuesta participación en reuniones políticas internas.
El señalamiento más directo fue contra Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y actual candidato de La Libertad Avanza, a quien se acusa de liderar este entramado. Alonso afirmó que uno de los jefes policiales implicados «es compadre de Bondarenko» y que «ascendió en seis años lo que normalmente lleva treinta», una crítica llamativa en un espacio acostumbrado al amiguismo político.
El trasfondo: disciplinar a la fuerza ante la ola libertaria
Para justificar la decisión, Alonso insistió en que «no se echó a nadie por sus ideas», sino por acciones «incompatibles con el uniforme». Sin embargo, el tono y el momento político exponen otra intención: frenar cualquier tipo de alineamiento policial que escape al control de Kicillof. En lugar de resolver con prudencia interna, el gobierno bonaerense eligió escrachar públicamente a 24 efectivos sin una resolución judicial.
La denuncia, presentada ante Asuntos Internos, alega el uso de oficinas y recursos oficiales para reuniones partidarias. No obstante, el mismo ministro admitió que la fuente fue un miembro del grupo y que los elementos todavía están en análisis. A pesar de la falta de pruebas firmes, Alonso concluyó: «Lo que pedía Bondarenko estaba en las computadoras», sin detallar a qué se refiere.
El operativo político y la reacción opositora
La medida provocó una inmediata reacción. Patricia Bullrich fue contundente: «Kicillof, además de ser inútil, odia a la Policía y está del lado de los delincuentes». En lugar de responder a las acusaciones, Alonso apeló a un discurso institucional, declarando que «el único objetivo es preservar la estructura policial de injerencias externas».
Pero lo cierto es que la purga llega justo cuando La Libertad Avanza crece en el Conurbano y comienza a disputar el control político territorial. En ese marco, el kirchnerismo parece decidido a eliminar cualquier vestigio de autonomía dentro de las fuerzas de seguridad, incluso si para eso debe violentar garantías básicas y exponer a oficiales ante la opinión pública.
Una advertencia encubierta al interior de la fuerza
La cartera de Seguridad confirmó que los efectivos quedarán en disponibilidad mientras avanza la investigación, que incluye registros informáticos, testimonios y revisión de oficinas. A simple vista, la medida parece más una advertencia que una sanción. Alonso cierra filas en defensa de la institucionalidad, pero el mensaje que baja es claro: no se tolerará ningún vínculo con el espacio libertario, aunque no haya delito comprobado.
