La industria textil argentina atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. Desde la Fundación Pro Tejer alertaron que la apertura de importaciones, la caída del consumo y la falta de financiamiento están dejando al borde del colapso a miles de empresas del rubro. La situación afecta a toda la cadena agrotextil e indumentaria, generando preocupación por la pérdida de empleos y la destrucción del entramado productivo nacional.
En este contexto, la decisión del Gobierno de rebajar aranceles a productos importados —como telas, calzado e indumentaria— generó un fuerte rechazo en cámaras del sector como FITA y la UIA. Ambas entidades coinciden en que se profundiza una competencia desigual con productos provenientes de países que tienen menores costos laborales e impositivos.
“Nos usan como chivo expiatorio del sistema productivo”
Desde Pro Tejer, presidida por Luciano Galfione, señalaron que el deterioro actual es resultado de una combinación de factores. Entre ellos, destacan la pérdida del poder adquisitivo, que impactó de lleno en el consumo de indumentaria, y la apreciación del tipo de cambio, que redujo la competitividad de la industria nacional.
“Existe un prejuicio arraigado sobre nuestro sector”, advirtieron desde la fundación. “Nos usan como chivo expiatorio de todo el entramado industrial. Pero la industria textil genera empleo, incorpora innovación y refuerza la soberanía productiva”, agregaron.
Las PyMEs textiles son las más expuestas, ya que tienen poca capacidad para sostener sus operaciones frente a un escenario recesivo. Muchas de ellas ya enfrentan dificultades para afrontar los costos fijos, lo que podría derivar en más cierres durante el segundo semestre.
Reclamos por medidas urgentes y protección al consumo
Entre las propuestas del sector se destacan el alivio fiscal, el acceso a financiamiento y un control más estricto sobre las importaciones. Desde Pro Tejer advirtieron que los productos textiles llegan al país a precios artificialmente bajos, sin controles efectivos, lo que pone en riesgo la producción local.
También exigieron una reforma tributaria federal, normas que regulen el uso de sustancias nocivas en los textiles y un etiquetado transparente. Aclararon que no se oponen a competir, pero reclaman condiciones justas de competencia.
En medio de la crisis, intentaron abrir un canal de diálogo con el Gobierno y el Congreso. Mientras que del lado del Ejecutivo «no se vislumbra interés por una política industrial», sí encontraron receptividad en el ámbito legislativo, particularmente en la Comisión PyME.
Por último, remarcaron que sin consumo interno no hay salida. “Por más conciencia que exista, si las familias no tienen recursos, el impacto en la demanda será mínimo”, advirtieron, y responsabilizaron al rumbo económico que impulsa Javier Milei por profundizar el deterioro del sector.
